Transacción en el real estate canario. El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria compra un activo para convertirlo en la sede del Servicio de Patrimonio Histórico. La operación fue autorizada este lunes 18, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, con Teodoro Sosa al frente. Se trata del número 24 de la calle Buenos Aires, en Las Palmas de Gran Canarias, según han avanzado varios medios locales.
El cabildo canario ha desembolsado un importe de 1.450.000 euros al vendedor del activo, la entidad mercantil Urpi Hospedajes y Servicios Unipersonal SL.
Para albergar su sede, el activo es idóneo por su ubicación y sus características. El gobierno insular explica que es «necesaria» la compra de este edificio de dos plantas, con 456 metros cuadrados y colindante con otro inmueble, situado en el número 26 de la misma calle, que también es propiedad de la corporación insular.
En el acuerdo se especifica que, para formalizar la escritura pública de compraventa, es obligatorio que el inmueble objeto de compra esté libre de arrendatarios, ocupantes, actividad comercial y profesional, cargas y gravámenes de cualquier tipo.
La hipoteca que grava la finca objeto de adquisición, no obstante, deberá ser cancelada en acto previo al acto en el cual se formalice la escritura pública de compraventa, y los gastos derivados de la cancelación, a cargo de la parte transmitente.
En esta línea, otro punto del acuerdo autorizó y ordenó la retención del precio total del la venta del edificio del importe del préstamo hipotecario solicitado por la anterior propiedad. Concretamente, la cantidad alcanza la cifra de 465.930,32 euros, para proceder al pago de la cantidad que corresponde al préstamo hipotecario, a favor de Banco de Sabadell, SA.
Por otra parte, el acuerdo señala que se retendrán también los 3.000 euros que corresponden a los honorarios notariales y a los gastos registrales de la inscripción de la escritura de cancelación de la citada hipoteca, más las posibles tasas municipales pendientes.
El órgano autonómico facultó al consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible para suscribir la escritura de compraventa del inmueble y los documentos y actos derivados del expediente, y ordenó la incorporación en el Epígrafe I del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación del inmueble adquirido con la calificación de bien patrimonial.
