El Banco de España ha planteado la posibilidad de ceder viviendas desocupadas o infrautilizadas al sector público como una estrategia para aumentar el parque de alquiler social en España, actualmente limitado al 1% del total del mercado de alquiler. Durante una comparecencia en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados, el director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, destacó la necesidad de medidas que fomenten el acceso a la vivienda asequible, especialmente para los sectores más vulnerables.
Gavilán subrayó que España necesita incorporar 1,5 millones de viviendas al alquiler social en la próxima década para alinearse con la media europea. Esto implicaría duplicar la producción anual de vivienda pública y reforzar los programas de rehabilitación de inmuebles. Según el Banco de España, en España se rehabilitan anualmente unas 30.000 viviendas, lo que equivale al 0,1% del stock existente, frente al 2% en países como Francia.
El representante del Banco de España también señaló que el «miedo» a posibles impagos o problemas legales disuade a muchos propietarios de poner sus viviendas en alquiler. En este sentido, propuso la creación de programas que permitan ceder estos inmuebles al sector público, lo que garantizaría la gestión integral del alquiler y podría resultar beneficioso para ambas partes.
Desajustes entre oferta y demanda
La entidad pública identificó un notable desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda como una de las causas principales del aumento de precios. Desde 2014, los precios de compraventa han crecido un 34% en términos reales, mientras que los precios del alquiler han subido un 30% desde 2015, con incrementos anuales de hasta el 10% en los nuevos contratos.
Gavilán estimó que España necesitará entre 500.000 y 800.000 viviendas en los próximos dos años para responder al crecimiento de los hogares, que actualmente supera la construcción de nuevas viviendas. Además, advirtió que el interés de los no residentes en adquirir propiedades está generando tensiones adicionales en el mercado, con unas 60.000 viviendas compradas al año, frente a una media de 90.000 nuevas construcciones.
El Banco de España también destacó otros problemas que afectan al acceso a la vivienda, como el desplazamiento del alquiler tradicional hacia modalidades vacacionales o por habitaciones, la falta de suelo disponible, la escasez de mano de obra y el encarecimiento de los materiales de construcción.
Asimismo, Gavilán vinculó los desafíos del sector inmobiliario a problemas estructurales de la economía española, como su baja productividad y la limitada inversión en infraestructuras de transporte, lo que dificulta la expansión de núcleos urbanos y reduce la accesibilidad a la vivienda en áreas clave.
Asimismo, la institución advirtió que los problemas de acceso a la vivienda están generando efectos sociales adversos que podrían ralentizar el crecimiento económico del país. Para abordar esta situación, Gavilán pidió una mayor coordinación entre las administraciones públicas y la colaboración entre los sectores público y privado, con un enfoque especial en la oferta de alquiler social.
También recomendó reforzar la seguridad jurídica, fomentar un mercado profesionalizado del alquiler y revisar las políticas de suelo. Sobre la posibilidad de crear un mercado de seguros para las viviendas en alquiler, consideró que sería una medida «conveniente» para incentivar que los propietarios ofrezcan sus inmuebles. Finalmente, abogó por una evaluación constante de las políticas de vivienda, asegurando el uso de datos actualizados para diseñar soluciones más efectivas.
