El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha puesto a disposición del Principado de Asturias alrededor de 400 viviendas destinadas al alquiler asequible. Estos inmuebles forman parte del parque que gestiona la empresa pública Casa 47 y proceden de activos de la Sareb. El anuncio se ha realizado durante la firma de un protocolo de colaboración entre ambas administraciones, en un acto en el que han participado la ministra Isabel Rodríguez y el presidente autonómico Adrián Barbón. Este acuerdo supone el primer paso para un convenio posterior que detallará las condiciones de gestión, los criterios de adjudicación y los límites de renta de las viviendas.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de ampliar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a precios más asequibles. Según lo previsto, los contratos de arrendamiento podrán tener una duración de hasta 75 años, lo que aporta estabilidad a largo plazo para los beneficiarios. En paralelo, el Ministerio ha señalado su intención de explorar fórmulas para incorporar terrenos de Casa 47 en Asturias que permitan reforzar las políticas autonómicas en materia de vivienda. Este enfoque busca no solo movilizar viviendas ya existentes, sino también impulsar nueva construcción en el futuro.
Un modelo de colaboración institucional para ampliar el acceso a la vivienda
Durante su intervención, Isabel Rodríguez subrayó la importancia de «recuperar el patrimonio del banco malo» para ponerlo al servicio de la ciudadanía. En este sentido, destacó que en el conjunto del país existen unas 40.000 viviendas y suelo suficiente para construir otras 50.000, lo que abre margen para ampliar la oferta residencial pública. La ministra defendió que la gestión de estas viviendas debe recaer en una administración «seria y responsable» como el Gobierno asturiano, destacando la cooperación institucional como una herramienta clave. Además, recordó que el acuerdo entre administraciones «no es optativo», sino una «asignatura obligatoria» para abordar el problema de la vivienda.
Por su parte, Adrián Barbón insistió en que la vivienda «es un derecho, no un negocio», y que no existen soluciones únicas, sino un trabajo coordinado entre distintos niveles de la administración. El presidente autonómico ofreció «colaboración leal» al Ejecutivo central y defendió que el objetivo del protocolo es facilitar el acceso a más personas. Barbón también puso en valor algunas iniciativas ya en marcha en la comunidad, como la declaración de zonas tensionadas en seis concejos —Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Cabrales y Gozón—, orientadas a contener los precios del alquiler. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para intervenir en el mercado residencial.
El proyecto piloto desarrollado en Mieres, con 37 viviendas, sirve como referencia para esta nueva fase. En ese caso, se recibieron 443 solicitudes, actualmente en proceso de evaluación, lo que refleja la elevada demanda existente.
