El Gobierno ha confirmado que las 532 viviendas previstas en la parcela de Ca n’Escandell, en Ibiza, estarán finalizadas en el primer trimestre de 2027. Según la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se busca coordinar la construcción de las viviendas con los procesos de licitación para agilizar su adjudicación. Esto permitirá que los futuros propietarios puedan acceder a las viviendas de manera más rápida y transparente.
Rodríguez explicó en el pleno del Senado que la promoción incluirá 362 viviendas gestionadas por la entidad estatal Casa 47 y que la inversión total ascenderá a 100 millones de euros. Además, destacó que el Gobierno cederá al Ayuntamiento de Ibiza la gestión de la parcela restante siempre que se respete el proyecto ganador del certamen Europan. La ministra subrayó que la cesión estará condicionada a la garantía de protección «permanente» del plan urbanístico para asegurar que la vivienda sea «asequible y 100% pública».
La coordinación entre edificación y adjudicación busca reducir los tiempos de espera y evitar que la gestión de la promoción se convierta en un obstáculo para los ciudadanos. Rodríguez indicó que el modelo de Casa 47 incluirá procesos controlados ante notario, con el objetivo de «impedir que la vivienda pública sea para los de siempre». Con estas medidas, el Gobierno pretende garantizar transparencia y evitar irregularidades en la entrega de viviendas protegidas.
Controles y transparencia en la vivienda pública
La ministra se refirió también a la polémica en Alicante, donde la concejal de Urbanismo dimitió tras conocerse que había recibido una vivienda protegida municipal. Isabel Rodríguez calificó el hecho como un «absoluto escándalo» que “requiere de la reacción de los poderes públicos”. Por ello, aseguró que todas las viviendas que impulse el Ministerio contarán con la «fiscalización» necesaria para proteger los procesos de adjudicación y asegurar que lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Asimismo, Rodríguez pidió a la Generalitat Valenciana que «reaccione» y «revierta la normativa que ha permitido este caso», con el fin de recuperar la «garantía» en los registros de demandantes y en los procedimientos de asignación de vivienda pública. Estas declaraciones reflejan la intención del Gobierno de reforzar la confianza en los proyectos de vivienda protegida y asegurar que los fondos invertidos tengan un impacto social real.
