El Gobierno ha establecido un plazo máximo de 18 meses para completar una reorganización de las estructuras que gestionan algunos de los activos heredados de la reestructuración bancaria. El cambio, incluido en el anteproyecto de Ley de medidas en materia de prevención de blanqueo de capitales, contempla el traspaso de BFA Tenedora de Acciones al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros y abierta ahora a consulta pública para recibir aportaciones hasta el 30 de septiembre, modifica el papel que hasta ahora desempeñaba el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Entre los principales movimientos previstos está la transferencia de la participación que el FROB mantiene en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a BFA. Con esta operación, BFA pasará a concentrar la gestión de los principales activos que todavía permanecen vinculados a la reestructuración financiera iniciada durante la crisis bancaria. Después, la sociedad dejará de estar bajo la estructura del FROB y quedará adscrita al Ministerio de Economía.
BFA dejará atrás su función inicial ligada al rescate bancario
El Ejecutivo explica que este cambio responde a la evolución de BFA, ya que considera que la sociedad ha cumplido prácticamente su objetivo original de saneamiento y reducción progresiva de su balance. Según el Gobierno, su papel actual ya no es el de una herramienta de resolución bancaria, sino el de una sociedad que mantiene activos procedentes de ese proceso. Al pasar a depender de la Administración General del Estado, BFA tendrá la consideración de sociedad mercantil estatal y estará sometida a la normativa del sector público. No obstante, seguirá vigente la obligación de desinvertir sus participaciones mediante procedimientos que garanticen la competencia y con un informe previo de la Intervención General del Estado.
Dentro de los activos que seguirán bajo su gestión se encuentran las participaciones en CaixaBank y Sareb. La sociedad de gestión de activos tiene previsto finalizar su liquidación en noviembre de 2027, mientras que la salida del Estado del capital de CaixaBank cuenta actualmente con plazo hasta diciembre de 2027, salvo que el Gobierno decida ampliarlo.
La reforma también modifica las funciones relacionadas con la resolución de entidades financieras. Las competencias ejecutivas que hasta ahora correspondían al FROB pasarán al Banco de España, en el caso de las entidades de crédito, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para las empresas de servicios de inversión.
El FROB se transformará en la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera
El anteproyecto recoge además la transformación del FROB en la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), un nuevo organismo que reunirá competencias que actualmente están repartidas entre diferentes instituciones. Su objetivo será centralizar las tareas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación ilícita. La futura autoridad asumirá funciones de unidad de inteligencia financiera, supervisión e inspección, capacidad sancionadora y gestión de sanciones financieras internacionales. También incorporará responsabilidades que hasta ahora no estaban asignadas de forma directa a ningún organismo.
El Gobierno establece igualmente un periodo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley para concretar la puesta en marcha de la Anifi y completar el traslado de las funciones de resolución hacia el Banco de España y la CNMV. Durante este proceso, el personal funcionario y laboral del FROB podrá permanecer en la nueva autoridad o participar en procedimientos para ocupar puestos vacantes en ambos organismos. La Anifi estará dirigida por una Comisión Rectora formada por representantes de distintos departamentos e instituciones públicas, entre ellos el Ministerio de Economía, el Banco de España, la CNMV, Hacienda, Interior y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
