La Generalitat de Catalunya pondrá en marcha un nuevo programa destinado a facilitar el acceso a la vivienda a personas mayores de 40 años que cuentan con ingresos estables, pero encuentran dificultades para reunir el dinero necesario para afrontar la entrada de un piso o una casa. La iniciativa contempla que el Govern participe en la compra junto al beneficiario y se convierta temporalmente en copropietario de la vivienda.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció la medida durante la primera sesión del Debate de Política General, que ha comenzado este martes en el Parlament. El objetivo, según explicó, es dar respuesta a aquellas personas que disponen de capacidad económica para asumir una vivienda, pero no consiguen reunir de entrada el importe exigido para comprarla.
La propuesta se basa en la figura de la propiedad temporal, recogida en el Código Civil catalán, concretamente en su artículo 547. A través de este sistema, la Generalitat asumirá una parte del coste inicial de la vivienda, mientras que la persona beneficiaria deberá aportar el resto y podrá utilizar el inmueble durante un periodo determinado. El Govern prevé dedicar inicialmente 100 millones de euros a poner en marcha esta fórmula de adquisiciones conjuntas. La medida está planteada para personas de más de 40 años que tengan ingresos regulares y que, pese a contar con una situación económica estable, no puedan acceder por sí solas a una vivienda a precio de mercado.
Dos fórmulas según la edad del comprador
Las condiciones previstas diferenciarán entre dos grupos de edad. Quienes tengan entre 40 y 55 años deberán asumir el 50% del precio de la vivienda y, a cambio, dispondrán de un derecho de uso sobre ella durante 50 años. Para las personas de 56 años o más, la aportación exigida será inferior, ya que deberán hacerse cargo del 40% del valor del inmueble. En este caso, el periodo durante el cual podrán utilizar la vivienda será de 40 años.
El sistema no impedirá que el beneficiario pueda transmitir o vender el derecho de uso que tiene sobre la vivienda. Si decide hacerlo, podrá transferir ese derecho correspondiente al tiempo que todavía quede por disfrutar sin necesidad de solicitar autorización, y también podrá transmitirlo a sus herederos. Una vez finalice el periodo establecido para cada caso, la vivienda volverá al parque público y podrá ser destinada a otra familia. De esta manera, el inmueble quedará vinculado a este sistema una vez concluya el derecho de uso del beneficiario.
También existirá la posibilidad de que el propietario adquiera en cualquier momento la parte de la vivienda que corresponda a la Generalitat. Si se produce esa operación, el inmueble pasará a ser de titularidad privada, aunque mantendrá de forma permanente su condición de vivienda protegida. En caso de que el beneficiario decida vender su parte o el derecho relacionado con la vivienda, la Generalitat tendrá preferencia para recomprarla. De este modo, el Govern podrá mantener el inmueble dentro del parque público y conservar su finalidad de facilitar el acceso a la vivienda.
Un fondo para evitar la pérdida de la vivienda
La política anunciada por Illa incluye además una segunda medida destinada a afrontar situaciones de emergencia habitacional. La Generalitat creará un fondo que comenzará con 25 millones de euros y que pretende sumar la participación de otras administraciones, entidades financieras y compañías aseguradoras. El propósito de este mecanismo será intervenir en casos de personas que estén amenazadas con perder su hogar. La actuación se planteará cuando ya se hayan agotado otras alternativas, entre ellas la mediación, el alquiler social o los procedimientos de las mesas de emergencia.
La fórmula consistirá en adquirir la vivienda afectada y posteriormente gestionar su alquiler. Con ello, las personas que se encuentren en riesgo de perder su casa podrán permanecer en ella sin verse obligadas a abandonarla. El nuevo fondo nace, según la explicación ofrecida por el Govern, con la intención de atender situaciones como la de Maricarmen, mencionada por Illa durante su intervención en el Parlament. La iniciativa pretende reunir recursos de distintas instituciones y actores para actuar cuando las vías existentes no hayan permitido resolver el problema habitacional.
