La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha publicado un informe en el que analiza el primer año de la aplicación de la Ley 3/2024. El objetivo de esta norma es fomentar la conversión del uso terciario de oficinas en residencial para vivienda protegida en arrendamiento. Según la asociación, el balance es «claramente positivo» y demuestra la eficacia de la medida.
En apenas doce meses, se han generado 3.679 nuevas viviendas protegidas, lo que supone cerca del 20% de toda la obra iniciada en la Comunidad de Madrid durante ese periodo. Asprima considera que esta iniciativa ha sido clave para aumentar la oferta de vivienda asequible y aprovechar suelos ya urbanizados que estaban sin uso.
El propósito de la Ley es responder a una parte de la creciente demanda de vivienda y ofrecer alternativas que faciliten que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la región. Además, la asociación subraya que esta política ayuda a retener talento y a reforzar la cohesión social.
Valdebebas, el gran foco de actividad
La capital concentra la mayor parte de las licencias solicitadas, con 2.968 de las 3.679 totales. Dentro de la ciudad, Valdebebas se ha convertido en el principal foco de actuación, con 2.638 viviendas en marcha. Otros municipios que también han aplicado la norma son San Sebastián de los Reyes, con 571 viviendas, Arroyomolinos, con 60, y Navalcarnero, con 80.
Los promotores ya estudian nuevos proyectos que podrían sumar 4.721 viviendas adicionales. Si se materializan, el número total superaría las 8.400 unidades, lo que beneficiaría a más de 20.000 personas en la Comunidad de Madrid.
Pese a los buenos resultados, el informe identifica dos aspectos que requieren mejora: la viabilidad económica de los proyectos y el desconocimiento de la norma por parte de algunos ayuntamientos.
Desafíos y propuestas de mejora
Asprima advierte de que el precio del suelo terciario ha subido de forma significativa, pasando de entre 400 y 450 euros por metro cuadrado edificable a entre 850 y 1.000. Este encarecimiento reduce la rentabilidad de los proyectos y puede frenar su desarrollo.
Además, algunos consistorios no están familiarizados con la Ley 3/2024, lo que ha provocado interpretaciones erróneas y retrasos en la concesión de licencias.
Para mejorar la aplicación de la norma, Asprima propone varias medidas. Entre ellas, limitar el precio del suelo de vivienda protegida en terrenos municipales, aclarar los criterios urbanísticos y eliminar la restricción del 30% de edificabilidad sobre el uso terciario. También sugiere fomentar reuniones entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos para compartir buenas prácticas y facilitar la tramitación.
