La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) ha exigido al Gobierno incorporar medidas de vivienda en el Real Decreto-ley que prepara en respuesta a la guerra de Irán, como hizo en su momento con la guerra de Ucrania. La organización reclama la congelación inmediata de los precios del alquiler mediante la eliminación de las actualizaciones anuales, actualmente reguladas por el Índice de Referencia de Alquileres de Vivienda (IRAV), una prórroga obligatoria de tres años para los 600.000 contratos que vencen en 2026, y que afectan a 1,6 millones de personas, y la recuperación de la moratoria antidesahucios.
La CSI ha criticado que el decreto sobre la guerra de Irán no incluye, a diferencia de los aprobados durante la guerra de Ucrania, ninguna medida de protección para los inquilinos. La organización recuerda que los hogares españoles destinan más del 50% de los salarios al pago del alquiler, porcentaje que alcanza el 71% en ciudades como Málaga, Barcelona y Madrid.
La confederación también ha advertido de que los conflictos bélicos tienden a generar una mayor entrada de capitales extranjeros en el sector inmobiliario en busca de activos refugio, lo que incrementa la presión sobre el mercado del alquiler residencial.
