La segunda jornada de Rebuild 2026, celebrada esta semana en Ifema Madrid, ha servido de escenario para un intenso debate sobre la crisis de la vivienda en España. Representantes autonómicos han coincidido en señalar la urgencia de adoptar medidas estructurales que faciliten el acceso a un hogar. Entre ellas, ha destacado la petición de reducir el IVA y la carga fiscal asociada a la promoción inmobiliaria.
Consejeros, viceconsejeros y secretarios generales de seis comunidades autónomas han puesto sobre la mesa la necesidad de reformas tanto fiscales como urbanísticas. El objetivo común es aumentar la oferta de vivienda asequible en un contexto marcado por la escasez. A pesar de las diferencias territoriales, todos han reclamado una mayor implicación del Estado.
La presión fiscal, en el centro del debate
Una de las intervenciones más contundentes ha sido la de Lidia López, secretaria general de Vivienda de la Junta de Extremadura. La responsable ha alertado de que los impuestos acumulados en el proceso de construcción y compra son excesivos. Según sus palabras, esta carga «incide directamente en el precio final» que pagan los ciudadanos. En la misma línea se ha expresado José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. Ha defendido que «una cuarta parte del precio de una vivienda» corresponde a impuestos, una situación que considera insostenible. Además, ha criticado que el Estado no esté utilizando su capacidad para reducir esta presión fiscal.
Desde la Región de Murcia, el consejero Jorge García ha ido más allá al señalar que esta carga podría alcanzar incluso un tercio del precio total. A su juicio, se trata de un bien esencial que cumple una función social, por lo que debería revisarse la fiscalidad «de manera temporal». Esta medida, ha apuntado, ayudaría a aliviar la situación de los compradores.
Diferencias en la gestión y propuestas autonómicas
El debate también ha reflejado distintos enfoques sobre cómo abordar la crisis desde las comunidades autónomas. Denis Itxaso, consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, ha defendido el modelo fiscal de Euskadi. Ha asegurado que, pese a tener una presión fiscal más elevada, se logran buenos servicios y una economía sólida. Itxaso ha destacado además la aplicación de zonas tensionadas en su territorio, en colaboración con los ayuntamientos. Su objetivo es aumentar la oferta y reducir la presión en el mercado en un plazo de tres años. Sin embargo, ha advertido que la ley estatal de vivienda no está funcionando como se esperaba porque muchas comunidades no la están aplicando.
Por su parte, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Castilla y León, ha centrado su intervención en la gestión del suelo. «La reserva de suelo no garantiza que se construya, para garantizar que se edifique, hay que ayudar al promotor», ha señalado, reconociendo que el Gobierno de España debe acometer modificaciones importantes en la legislación urbanística.
El secretario Autonómico de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Sebastián Fernández, ha intervenido para destacar la situación en su Comunidad. Fernández ha admitido que la Comunidad Valenciana había sufrido un parón en la producción de vivienda durante varios años, pero ahora está tomando medidas para corregir la situación. «En la Comunitat Valenciana estamos reduciendo el ITP, hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que facilita que los jóvenes puedan acceder a la vivienda heredada», ha afirmado. Además, ha detallado la puesta en marcha de programas como el Plan
VIVE, cuyo objetivo es construir 10.000 viviendas protegidas durante la legislatura.
A lo largo del encuentro, los responsables autonómicos han coincidido en la necesidad de mejorar la colaboración público-privada. Asimismo, han subrayado la importancia de agilizar los trámites administrativos para acelerar los proyectos. Estas propuestas se suman a la demanda de cambios legislativos a nivel nacional. El debate ha dejado claro que la crisis de la vivienda es un problema complejo que requiere soluciones coordinadas. Aunque existen diferencias en las estrategias, hay consenso en la urgencia de actuar. La reducción de la carga fiscal, junto a reformas urbanísticas, se perfila como una de las claves para garantizar el acceso a una vivienda digna en España.
