La Comunidad de Madrid ha dado un paso decisivo para ampliar su parque de vivienda asequible con la adjudicación de la construcción de 3.352 pisos del Plan Vive Solución Joven. El Ejecutivo autonómico ha cerrado los trámites para iniciar próximamente estas promociones en ocho municipios, dentro de una estrategia centrada en facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha formalizado el proceso mediante la firma de las adjudicaciones a tres empresas concesionarias: DeA Capital, Avintia y Grupo San José. Rodrigo ha subrayado que estas promociones representan «las primeras viviendas de esta iniciativa» y ha destacado que están dirigidas exclusivamente a jóvenes, con el objetivo de favorecer su emancipación sin que tengan que abandonar sus entornos habituales.
Las nuevas viviendas se distribuirán entre varios municipios con distinta capacidad residencial. En concreto, se construirán 843 en la ciudad de Madrid, en las zonas de Valdebebas y Los Ahijones, 756 en Alcobendas, 365 en Arroyomolinos, 332 en Colmenar Viejo, 308 en Móstoles, 303 en Tres Cantos, 295 en Loeches y 150 en Valdemoro.
El consejero ha explicado que el objetivo es seguir incrementando la oferta de alquiler asequible en toda la región y ha señalado que el Plan Vive ya ha generado un notable interés en otras administraciones. En palabras del propio Rodrigo, se trata de un programa que «lleva el sello de la Comunidad de Madrid» y que está siendo observado tanto dentro como fuera de España como un modelo de colaboración público-privada.
Requisitos y condiciones para acceder a las viviendas
El programa Plan Vive Solución Joven establece como requisito principal la edad, ya que las viviendas están destinadas a personas menores de 35 años. Además, los solicitantes no pueden disponer de otra vivienda en propiedad en todo el territorio nacional y deben destinar el inmueble a residencia habitual.
También se prioriza a quienes estén empadronados o trabajen en el municipio desde hace al menos tres años. Otro criterio relevante es el nivel de esfuerzo económico, ya que el alquiler no puede superar el 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia.
