El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes el dato correspondiente al índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler. En marzo, este indicador se situó en el 2,47% interanual, lo que supone un incremento de tres décimas respecto al mes de febrero. Este avance no solo refleja una subida mensual, sino que además marca el valor más alto desde que el índice comenzó a elaborarse y difundirse en noviembre de 2024. La serie reciente muestra también una tendencia sostenida por encima del 2%, un umbral que se ha mantenido durante diez meses consecutivos.
Además, el comportamiento de los últimos meses apunta a un cambio de ritmo, ya que el indicador encadena dos meses seguidos de ascensos. Esta evolución resulta relevante para los contratos de alquiler que deben revisarse anualmente bajo la normativa vigente.
Un índice clave para los contratos firmados tras la Ley de Vivienda
El índice del INE se aplica a los contratos de arrendamiento firmados a partir del 25 de mayo de 2023, fecha de entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Su función es servir como límite para la actualización anual de la renta, con el objetivo de evitar incrementos excesivos en los precios del alquiler.
El organismo estadístico publica este dato cada mes y lo calcula a partir de una combinación de varios elementos económicos. Entre ellos se encuentran el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y la evolución comparada de ambas tasas. A ello se suma un parámetro vinculado a las previsiones de crecimiento a largo plazo. La metodología también incorpora un coeficiente moderador, diseñado para tener en cuenta las condiciones del mercado del alquiler. Este ajuste se establece de forma conjunta entre distintas direcciones generales de los ministerios de Vivienda y de Economía, con el fin de suavizar posibles variaciones bruscas en las rentas.
Qué ocurre con los contratos anteriores a la reforma legal
Los contratos de alquiler firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda siguen un sistema distinto para la actualización de la renta. En estos casos, la revisión anual depende de lo que se haya pactado en cada contrato concreto.
De forma general, la actualización puede realizarse utilizando el IPC o el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), según lo acordado entre propietario e inquilino. En el caso del IGC, este indicador no puede superar el 2%, lo que introduce un límite adicional en determinados supuestos.
