La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado que 200 viviendas situadas en Aranjuez y gestionadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, S.A. (Segipsa) pasan a formar parte del parque público de vivienda asequible promovido por Casa 47. Estas unidades serán sometidas a un proceso de rehabilitación antes de ponerse a disposición de la ciudadanía, según indicó la ministra.
Rodríguez destacó que todas las viviendas incluidas en Casa 47 serán 100% asequibles y contarán con protección pública permanente, lo que asegura la estabilidad de los contratos de alquiler. «Blindamos la tranquilidad de las personas con contratos de 75 años de vigencia«, subrayó. El anuncio se realizó en un recorrido por una de las promociones que ya se están levantando en Aranjuez, junto al secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y otros responsables del Ministerio. La visita sirvió para mostrar el avance de las obras financiadas dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA).
Viviendas asequibles impulsadas por fondos públicos y privados
La responsable de la cartera de Vivienda ha recalcado en su visita a las 400 viviendas que se están construyendo en Aranjuez la importancia de la ayuda que el Gobierno de España ha concedido a través del Plan de Recuperación. «Estos fondos no llovieron de un día para otro. Se los trabajó el presidente del Gobierno tras la pasada crisis de la COVID y gracias a ellos hemos podido estar de la mano del sector desarrollando una fórmula de éxito como en la que nos encontramos», explicó Isabel Rodríguez.
En total, del coste de las obras que supera los 64 millones de euros, el Gobierno de España ha otorgado una ayuda por valor de 16 millones de euros, y el resto de la inversión procede del promotor privado. Gracias a esta ayuda, el precio del alquiler tendrá carácter asequible.
El proyecto en Aranjuez refleja un modelo replicable en otras localidades, combinando financiación pública y compromiso privado para reforzar el parque público de vivienda en España. Además, permite a la ciudadanía acceder a alquileres protegidos con seguridad a largo plazo y en condiciones económicas justas.
