La Comisión Europea ha resuelto a favor del alojamiento de corta estancia al pronunciarse sobre la tramitación de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía. En su decisión, emitida dentro del procedimiento TRIS, Bruselas recuerda que el reglamento europeo prohíbe someter una misma vivienda a más de un procedimiento de registro cuando ya existe uno obligatorio, como confirman desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur)
Este pronunciamiento afecta directamente al modelo español de control del alojamiento turístico y de corta duración. La Comisión insiste en que esta prohibición se aplica con independencia de la administración que imponga el registro, ya sea estatal, autonómica o local. Según explica Fevitur, la resolución reafirma principios generales del derecho de la Unión Europea. Entre ellos destaca la necesidad de evitar trabas innecesarias a la libre prestación de servicios dentro del mercado interior.
Europa avala la regulación, pero rechaza la duplicidad
La presidenta de Fevitur, Silvia Blasco Benito, ha valorado de forma positiva la decisión comunitaria. A su juicio, Bruselas «no cuestiona la regulación ni el control del alojamiento de corta estancia, lo que cuestiona es que España haya optado por la duplicidad administrativa en lugar de la coordinación y la interoperabilidad». Frente a ello, la Comisión defiende la coordinación entre administraciones y la interoperabilidad de los sistemas ya existentes.
El procedimiento TRIS obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión los proyectos normativos que puedan afectar al mercado interior. Su objetivo es evitar que entren en vigor leyes incompatibles con el derecho europeo, especialmente en sectores vinculados a los servicios digitales y al turismo.
En este contexto, la asociación andaluza AVVAPro pidió la mediación de Fevitur para trasladar la situación a Bruselas. La iniciativa se impulsó junto a la European Holiday Home Association con el fin de obtener un pronunciamiento claro y evitar más inseguridad jurídica. La Comisión Europea ha fijado el 20 de mayo de 2026 como fecha límite para eliminar cualquier duplicidad administrativa contraria a la normativa comunitaria. A partir de ese momento, mantener sistemas redundantes podría tener consecuencias legales para España.
Riesgos legales y llamada al diálogo
Blasco considera que la resolución desmonta el actual modelo español basado en la acumulación de registros y ventanillas. Según la patronal, este enfoque no aporta un control más eficaz y sí genera cargas innecesarias para los operadores legales. Aunque el análisis se refiere a una norma autonómica concreta, Fevitur subraya que su alcance es general. El pronunciamiento afecta al conjunto del sistema regulatorio español sobre viviendas de uso turístico.
A la luz de esta decisión, la federación denuncia que la creación de un registro estatal duplicado, encargado a los registradores de España, está provocando la salida forzada del mercado de propietarios y empresas plenamente legales. Este efecto, sostienen, supone una restricción injustificada de la actividad.
