Bergara (Guipúzcoa) quiere dar un nuevo impulso a sus políticas de vivienda para facilitar el acceso a un hogar a precios asequibles, especialmente a las personas que buscan una vivienda en alquiler. El municipio guipuzcoano, declarado zona de mercado residencial tensionado, prevé orientar sus próximos desarrollos urbanísticos hacia la vivienda protegida y contempla la construcción de 739 nuevos inmuebles de este tipo, entre viviendas de protección oficial (VPO) y viviendas tasadas.
La iniciativa forma parte del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que recoge la posibilidad de construir un total de 1.123 nuevas viviendas. De ellas, 291 serán VPO y otras 448 tendrán la consideración de viviendas tasadas, con el objetivo de aumentar el peso de la oferta protegida y destinar una parte mayor al alquiler. El plan también busca aprovechar los recursos residenciales que ya existen en el municipio, en lugar de depender exclusivamente de nuevas construcciones. Para ello, plantea movilizar 790 viviendas vacías, impulsar la rehabilitación de inmuebles y estudiar nuevas posibilidades de uso residencial en locales comerciales, caseríos y viviendas de grandes dimensiones.
La situación fue analizada recientemente durante un encuentro entre el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos; el alcalde de Bergara, Gorka Artola, y el concejal de Urbanismo, Markel Azkargorta. Los representantes institucionales visitaron también varias parcelas en las que están previstas futuras promociones de vivienda protegida. Entre las actuaciones estudiadas destaca la posibilidad de acordar la cesión y posterior construcción de la parcela municipal A17.1, en Artzamendi, donde podrían levantarse 20 VPO. También se analizaron las opciones de los terrenos situados alrededor del nuevo edificio del instituto Miguel Altuna, así como los ámbitos de Urteaga y la antigua Algodonera.
El encarecimiento del alquiler aumenta la necesidad de vivienda protegida
Las medidas previstas responden a una situación residencial marcada por el incremento de los precios y una elevada demanda de vivienda asequible. En los últimos cinco años, el precio medio del alquiler en Bergara ha aumentado un 21,5%, mientras que el municipio registra actualmente 470 expedientes activos en Etxebide, el servicio vasco de inscripción de demandantes de vivienda. De todas esas solicitudes, el 86,6% corresponde a personas que buscan una vivienda en alquiler. Además, el 77,5% de los inscritos cuenta con ingresos bajos o medio-bajos y el 26,8% tiene menos de 36 años, unos datos que reflejan las dificultades de acceso a la vivienda entre los sectores con menos recursos y la población joven.
A esta situación se suma que las viviendas protegidas y públicas representan actualmente el 6,4% del parque residencial del municipio. Por ello, el plan plantea revisar los criterios urbanísticos y las condiciones de protección de los desarrollos pendientes para conseguir que una mayor proporción de las nuevas viviendas responda a las necesidades reales de la ciudadanía.
De los Toyos ha defendido que «el reto consiste en adecuar las herramientas públicas a las necesidades reales de la población». En este sentido, ha señalado que Bergara necesita aumentar la oferta y lograr que una parte más importante esté destinada al alquiler, combinando nuevas promociones protegidas con la recuperación de viviendas que actualmente no están disponibles. El alcalde, Gorka Artola, también ha destacado que el acceso a una vivienda digna constituye «una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad para el Ayuntamiento». Asimismo, ha defendido la colaboración entre administraciones para que quienes quieran desarrollar su proyecto de vida en Bergara tengan oportunidades reales de encontrar un hogar a un precio asequible.
Rehabilitación, viviendas vacías y nuevos usos para los edificios
Una de las principales líneas de actuación pasa por recuperar parte de las 790 viviendas vacías o deshabitadas identificadas en el municipio. No obstante, algunos de estos inmuebles presentan problemas de antigüedad o conservación, por lo que será necesario realizar trabajos de rehabilitación antes de que puedan incorporarse al mercado residencial.
Actualmente, Bergara cuenta con 62 viviendas dentro del programa Bizigune, una iniciativa que facilita la incorporación de inmuebles vacíos al alquiler protegido. El plan propone reforzar la captación de nuevas viviendas, mantener los incentivos existentes y estudiar posibles medidas fiscales para animar a los propietarios a poner sus inmuebles en uso. Entre las opciones figura elevar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicado a las viviendas que no constituyen residencia habitual, que actualmente se encuentra en el 50%, hasta el límite máximo permitido por la normativa. También se plantea mejorar las condiciones de los edificios mediante actuaciones que favorezcan la accesibilidad, la eficiencia energética y la habitabilidad.
Otra de las propuestas consiste en aprovechar espacios ya construidos para ampliar la oferta sin necesidad de ocupar nuevos terrenos. El Ayuntamiento estudiará facilitar, siempre bajo condiciones reguladas, la transformación de determinados locales comerciales en viviendas, la división de algunos caseríos cuando sea compatible con la actividad agraria y la segregación de viviendas de gran tamaño. Para poner en marcha estas medidas será necesario actualizar algunas ordenanzas municipales, simplificar trámites y comprobar que los inmuebles cumplen los requisitos de habitabilidad. El propósito es generar nuevas oportunidades residenciales aprovechando mejor los edificios y espacios disponibles.
El plan también contempla reforzar las ayudas y la atención a las personas con dificultades para acceder a una vivienda. En 2024, el 51,32% del gasto municipal en ayudas de emergencia social se destinó al alquiler, con una cantidad de 149.300 euros. Por último, se propone adaptar estas ayudas al nuevo sistema de prestaciones de vivienda, mejorar la coordinación con Etxebide y acompañar a los ciudadanos en la solicitud de los recursos disponibles. También se pretende abordar las situaciones en las que los alojamientos de emergencia prolongan su ocupación porque las personas que los utilizan no encuentran alternativas residenciales asequibles.
