El Ayuntamiento de Barcelona avanza en su plan para recuperar el histórico teatro Capitol mediante una operación urbanística que no implicará un gasto directo para las arcas públicas. La fórmula elegida se basa en una recalificación de inmuebles que permitirá financiar íntegramente la rehabilitación del espacio cultural, publica El Periódico. El proyecto, sin embargo, ha generado debate político por el beneficio económico que obtendrá la propiedad privada.
Hace casi un año, el alcalde Jaume Collboni anunció la intención de reabrir el Capitol, cerrado desde hace cinco años. La previsión municipal es que el teatro vuelva a funcionar antes del otoño de 2027, esta vez bajo titularidad pública. La operación se enmarca en una transformación más amplia de varios edificios situados en el entorno de plaza Catalunya.
La clave del acuerdo está en la recalificación de la antigua central de Telefónica y del propio teatro, ambos propiedad de la sociedad Torcalena Servicios y Gestiones. Esta empresa, vinculada al empresario Daniel Maté, podrá destinar los inmuebles a usos más lucrativos como oficinas y comercios. A cambio, asumirá una serie de compensaciones económicas y patrimoniales a favor del consistorio.
Un modelo de financiación sin coste directo
El convenio contempla que Torcalena aporte cerca de 20 millones de euros en distintas cesiones. Dentro de esa cifra se incluyen dos pagos que suman 5,11 millones, destinados a cubrir la totalidad de la reforma del teatro Capitol. Además, la empresa transferirá el edificio al Ayuntamiento sin coste, lo que permitirá su uso como equipamiento cultural.
El futuro Capitol combinará programación sociocultural con oficinas del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona en sus plantas superiores. El acceso principal se situará en la calle Santa Anna, aunque se mantendrá la entrada histórica por la Rambla. También se conservará el rótulo emblemático del teatro, como parte de su identidad. El consistorio prevé recibir la propiedad del inmueble durante el segundo semestre de 2026. No obstante, se estudia la posibilidad de adelantar las obras antes de formalizar el traspaso. De este modo, se pretende acortar los plazos y facilitar su reapertura dentro del calendario previsto.
Críticas políticas y debate urbanístico
La operación no ha estado exenta de polémica en el ámbito político municipal. Algunos grupos de la oposición han cuestionado el equilibrio entre el beneficio público y el privado. Las críticas se centran en el incremento de valor que obtendrá la empresa propietaria tras la recalificación.
El documento técnico del proyecto sostiene que existe un equilibrio entre las partes. Se estima que la operación generará unos 5,26 millones de beneficio para la empresa, una cifra similar a la que deberá abonar al Ayuntamiento. Aun así, algunos sectores mantienen dudas sobre si ese cálculo se ajustará a la realidad final. La recalificación permitirá que el antiguo edificio de Telefónica, actualmente en desuso en su mayor parte, incremente notablemente su valor.
