Avalmadrid y Grupo Ferrocarril han formalizado una operación de financiación destinada al desarrollo de 130 viviendas de protección pública en alquiler en El Encinar de la Moraleja, en el municipio madrileño de Alcobendas. La iniciativa, canalizada a través de la sociedad Ferrocarril Proyecto 21, S.L., supone un nuevo paso en la aplicación de los mecanismos de colaboración público-privada para impulsar la construcción de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid.
La operación, formalizada el 19 de octubre, tiene una particularidad: se convierte en el primer proyecto de construcción de viviendas destinadas al alquiler, conocido como ‘build to rent’, que se acoge a la ampliación del convenio de reafianzamiento suscrito entre Avalmadrid y el Gobierno regional.
Este acuerdo busca facilitar el acceso a la financiación de promotores inmobiliarios y cooperativas que desarrollen proyectos de vivienda protegida en la región, especialmente durante las primeras fases de las promociones, cuando resulta necesario disponer de recursos para adquirir el suelo sobre el que se construirán los inmuebles.
Un convenio que incorpora la vivienda protegida en alquiler
El convenio original entre Avalmadrid y la Comunidad de Madrid se firmó el 19 de diciembre de 2024, aunque inicialmente contemplaba actuaciones relacionadas con la vivienda protegida destinada a la venta. Posteriormente, una adenda cuya firma se completó el 10 de abril de 2026 amplió su alcance para incluir también las promociones destinadas al alquiler. De esta manera, el acuerdo permite que promotores y cooperativas con domicilio o establecimiento en la Comunidad de Madrid puedan acceder a garantías que faciliten la financiación necesaria para adquirir suelo finalista destinado a vivienda protegida. Estas garantías se conceden a las empresas y entidades que son socias partícipes de Avalmadrid.
Para acogerse a este mecanismo, los terrenos deben cumplir una serie de condiciones urbanísticas. Entre ellas, contar con el proyecto de reparcelación inscrito en el Registro de la Propiedad, disponer de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización y tener iniciadas las correspondientes obras de urbanización. Además, el suelo debe permitir solicitar las licencias de edificación mediante una autorización que posibilite ejecutar simultáneamente los trabajos de urbanización y construcción. El convenio establece que esta situación debe poder alcanzarse en un plazo estimado de dos años desde la firma de la garantía.
La promoción de El Encinar de la Moraleja constituye, por tanto, la primera aplicación de esta ampliación del acuerdo a un proyecto de vivienda protegida en alquiler, un modelo que permite incorporar nuevas promociones al mercado residencial sin que estén destinadas inicialmente a la venta.
Colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda
Desde Avalmadrid, su director general, Lorenzo Alonso, ha destacado la importancia de esta primera operación para ampliar las posibilidades de financiación de vivienda protegida en la región. Según ha señalado, «esta primera operación ‘build to rent’ supone un paso importante para facilitar la financiación de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid». También ha puesto el foco en la ampliación del convenio, que permite incorporar los proyectos destinados al arrendamiento y demuestra, en sus palabras, que «la colaboración público-privada puede movilizar financiación, impulsar nuevas promociones y mejorar el acceso a la vivienda asequible».
Por su parte, Rafael González-Cobos, presidente de Grupo Inmobiliario Ferrocarril, ha valorado la operación como un avance en el compromiso de la compañía con el desarrollo de vivienda protegida en alquiler. El responsable considera que este modelo es «fundamental para dar respuesta a las necesidades actuales de acceso a la vivienda». También ha subrayado la importancia de la cooperación entre las administraciones públicas, las entidades financieras y las empresas promotoras para hacer posibles nuevos proyectos residenciales. En este sentido, ha mencionado el impulso normativo de la Ley 2/2026 y ha agradecido el respaldo de Avalmadrid, que, según ha explicado, permite a la compañía continuar trabajando para ampliar la oferta de vivienda asequible.
El convenio cuenta, además, con un sistema de garantías respaldado parcialmente por la Comunidad de Madrid, que cubre una parte de los riesgos de crédito asumidos por Avalmadrid. El límite máximo de fallidos previsto asciende a 500 millones de euros, una cantidad que no representa una aportación directa del Gobierno regional ni el volumen de financiación concedido.
