Durante los meses de confinamiento, la morosidad del alquiler se ha triplicado del 5% al 15% y se prevé que los impagos sigan incrementándose en los próximos meses si no se toman medidas para hacer frente a los mismos, según la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval).
Las ayudas propuestas hasta el momento por las diferentes administraciones públicas no están siendo efectivas para paliar las dificultades de los inquilinos más vulnerables en el pago del alquiler, lo que está perjudicando también a millones de propietarios particulares. Por ello, la asociación advierte un importante repunte de los impagos de las rentas en el último trimestre del año.
En el caso de los créditos ICO, tan solo un 1,3% de los inquilinos de viviendas pertenecientes a asociados de Asval ha mostrado interés en solicitar estos préstamos con garantía pública como medida para hacer frente a la imposibilidad de pago de las rentas de sus alquileres, según el análisis de la asociación realizado entre los inquilinos de más de 30.000 viviendas.
«Esta cifra, que se traducirá en un número de beneficiarios aún menor, confirma la escasa utilidad que está teniendo esta medida entre las familias con mayores dificultades económicas ante la imposibilidad de estos inquilinos para asumir una nueva deuda a la que no pueden hacer frente», explican desde Asval.
En el caso de las ayudas directas para el pago del alquiler de las comunidades autónomas, la dotación presupuestaria es insuficiente debido a la alta demanda por parte de los inquilinos. Por ejemplo, en Cataluña la partida para estas ayudas ya se ha agotado y en la Comunidad de Madrid la demanda triplica a la oferta de los solicitantes.
Creación de un fondo de ayudas
Por otro lado, en las ayudas directas para el pago del alquiler de las comunidades autónomas la dotación presupuestaria es insuficiente debido a la alta demanda por parte de los inquilinos. Por ejemplo, en Cataluña la partida para estas ayudas ya se ha agotado y en la Comunidad de Madrid la demanda triplica a la oferta de los solicitantes.
Por estas razones, Asval reclama un paquete de medidas de apoyo directo para los inquilinos en situación de vulnerabilidad a través de la creación de un fondo de más de 700 millones de euros para ayudar a 350.000 familias en situación de vulnerabilidad social a reducir la tasa de esfuerzo para el pago de la renta del 48 al 30% de sus ingresos, mediante una ayuda pública de 2.000 euros anuales por unidad familiar.
Por su parte, Beatriz Toribio, directora general de Asval, ha apuntado que “los créditos ICO no están funcionando porque los inquilinos en dificultades económicas no quieren endeudarse para el pago del alquiler y acuden directamente al impago, una situación perjudicial tanto para el propietario como para el inquilino porque genera una situación de incertidumbre jurídica”.
Control de precios
En paralelo, Asval solicita también que se incremente la seguridad jurídica tanto en materia de ocupación como de las últimas iniciativas relacionadas con el control de los precios del alquiler. Recientemente, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha anunciado que tramitará una reforma de la ley que regula el mercado del alquiler para imponer un control de las rentas del alquiler.
Sobre esta medida, Toribio ha asegurado que “el control de precios no es la solución para los problemas del mercado del alquiler. Necesitamos favorecer la oferta, no contraerla porque si hay menos vivienda en alquiler disponible, las familias con menos recursos lo tendrán aún más difícil para acceder a ella. La experiencia internacional ha demostrado que este tipo de medidas no han funcionado para frenar las subidas de precios”.
