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Madrid y Asval apuestan por la concesión administrativa para desarrollar vivienda en alquiler

La Comunidad de Madrid y la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) han acordado colaborar en la búsqueda de iniciativas que mejoren el acceso al mercado del alquiler en la región.

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La Comunidad de Madrid y la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) han acordado colaborar en la búsqueda de iniciativas que mejoren el acceso al mercado del alquiler en la región. 

En el transcurso de un encuentro telemático entre el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez con el presidente de Asval, Joan Clos, ambos dirigentes han coincidido en señalar que el mercado inmobiliario del alquiler afronta una serie de retos adicionales como consecuencia de la irrupción del COVID-19, por lo que es necesario ofrecer respuestas ‘dinámicas’ a un modelo de vivienda que en Europa representa aproximadamente el 33% del parque de viviendas, frente al 22% de nuestro país.

Ambos han apostado por el modelo de las concesiones administrativas, tan arraigado en otros ámbitos como puertos, aeropuertos y autopistas, que debe trasladarse con seguridad jurídica al ámbito de la vivienda, con el objetivo de que la promoción de viviendas en alquiler asequible sea una palanca de recuperación económica y del empleo, al tiempo que una mejor garantía para facilitar el derecho constitucional a una vivienda digna.

“El alquiler encara retos que deben ser abordados de manera firme para potenciar su expansión” ha remarcado Pérez, quien ha considerado necesario “que los microcréditos fluyan hacia este mercado, algo que en la actualidad no se está produciendo, además de resolver la morosidad que acompaña y en ocasiones puede lastrarle”.

En este sentido, el consejero ha subrayado “el esfuerzo de la Comunidad de Madrid durante el tiempo que llevamos de pandemia, donde gracias a la intermediación de los responsables del Plan Alquila, se han resuelto de manera satisfactoria numerosos contratos de alquiler, que de otra manera se hubieran visto truncados, evitándose así la interrupción de los mismos, facilitando que no se tensione el mercado del alquiler”.

Por su parte, Asval ha mostrado su predisposición a colaborar con el Gobierno regional en la tramitación de ayudas y procedimientos que favorezcan el modelo de alquiler de viviendas, ayudando a sus inquilinos a la hora de solicitarlas, como agente colaborador de la Administración. En opinión de Joan de Clos, “es imprescindible que España cuente con un stock de vivienda suficientemente atractivo y ofrezca más dinamismo y más oportunidades laborales”, porque “la evolución social ha propiciado la irrupción de un subsector que hay que desarrollar, como es el de aquellas personas que no pueden acceder a un alquiler a precios de mercado y necesitan otras alternativas”.

Precisamente en este aspecto la Comunidad de Madrid cuenta con un parque de vivienda social superior a las 23.200 viviendas, el mayor proporcionalmente en nuestro país. Además, como consecuencia de la evolución del COVID-19, el Gobierno regional ha reducido -al mínimo permitido por la ley- las rentas de aquellos inquilinos que han visto perjudicada su situación económica.

Plan Vive

Otro de los puntos abordados durante el encuentro es la necesaria colaboración público-privada, que en el caso de la Comunidad de Madrid tiene su máximo exponente en el Plan Vive. Gracias a este programa se ofertarán hasta 15.000 viviendas en régimen de alquiler a un precio inferior al de mercado, en una iniciativa destinada a los jóvenes madrileños, para que puedan encontrar de manera preferente una oportunidad a la hora de emanciparse.

David Pérez y Joan Clos han coincidido en la importancia de clarificar las condiciones normativas y administrativas de los suelos sobre los que se asentarán este tipo de promociones en los que se implemente la necesaria colaboración público-privada.

Ambos han apostado por el modelo de las concesiones administrativas, tan arraigado en otros ámbitos como puertos, aeropuertos y autopistas, que debe trasladarse con seguridad jurídica al ámbito de la vivienda, con el objetivo de que la promoción de viviendas en alquiler asequible sea una palanca de recuperación económica y del empleo, al tiempo que una mejor garantía para facilitar el derecho constitucional a una vivienda digna.

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