El Gobierno de Andorra ha aprobado una inversión de 21,6 millones de euros destinada a la compra de edificios con el fin de incorporar alrededor de 150 nuevas viviendas al parque público de alquiler asequible. La medida busca ampliar de forma rápida la oferta de vivienda disponible en el país, donde la presión del mercado residencial se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.
La operación se llevará a cabo mediante un concurso público aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado oficial. A través de este procedimiento, se pretende captar inmuebles del sector privado para destinarlos posteriormente a vivienda pública una vez adquiridos y, si es necesario, rehabilitados.
Un concurso para captar edificios completos
El concurso permitirá la compra de edificios plurifamiliares o de uso hotelero, ya sean construcciones ya existentes o inmuebles todavía en fase de obra. La idea es reconvertir estos espacios en viviendas de alquiler asequible, agilizando así los plazos frente a la construcción tradicional de nueva planta. Las ofertas podrán presentarse entre el 15 y el 30 de junio, en un periodo de dos semanas en el que los propietarios privados interesados deberán presentar sus propuestas. El proceso se desarrollará en dos fases claramente diferenciadas: una primera de admisión de candidaturas y valoración técnica de los inmuebles, y una segunda centrada en las ofertas económicas finales.
La ministra de Vivienda, Conxita Marsol, ha defendido esta iniciativa como un cambio relevante en la política habitacional del país. En sus palabras, la convocatoria supone «un salto cualitativo» porque permite actuar con mayor rapidez que mediante la promoción de nueva construcción, ofreciendo soluciones más inmediatas a las necesidades detectadas en el mercado.
Más vivienda pública y criterios de selección
El objetivo del Ejecutivo andorrano es seguir aumentando el parque de alquiler asequible hasta alcanzar las 650 viviendas en los próximos años. Según las previsiones, a finales de 2027 el país debería contar ya con unas 500 unidades disponibles, dentro de una estrategia más amplia para reforzar el peso del sector público en la oferta residencial. Para la selección de los edificios se aplicarán criterios de valoración que combinan precio y calidad. Entre los factores que se tendrán en cuenta figuran el coste de adquisición, el estado de conservación de los inmuebles, el número de viviendas que pueden generar, su ubicación respecto a servicios básicos y la posibilidad de que puedan ocuparse en plazos reducidos.
Este enfoque busca no solo incrementar la cantidad de viviendas disponibles, sino también asegurar que los inmuebles adquiridos sean funcionales y adecuados para una incorporación rápida al mercado de alquiler público. La ministra Marsol ha subrayado que la compra directa de edificios permite reducir tiempos y responder con mayor eficacia a la demanda de vivienda. En este sentido, el Gobierno considera que este modelo puede convertirse en una herramienta clave para dar respuesta a una problemática que ha ido creciendo en los últimos años.
El Ejecutivo apuesta así por una política más activa en el mercado inmobiliario, en la que la adquisición de edificios existentes complemente otras medidas de construcción pública. Con ello, Andorra busca acelerar la disponibilidad de vivienda asequible y mejorar el acceso a un recurso cada vez más demandado.
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