El fondo de inversión Cerberus ha vendido a la promotora vasca Amenabar los suelos de la Carrascosa B, la última bolsa de suelo de La Moraleja. Según adelanta El Confidencial, el fondo americano ha preferido esta opción a cedérselos a su filial promotora Inmoglaciar.
Los terrenos ocupan una extensión de 90.000 metros cuadrados. Pertenecen en un 60% a Cerberus, a través de la inmobiliaria Divarian, comprada a BBVA. El 30% restante es propiedad de Grupo Delta y el último 10% de Ibérica de Maderas y Aglomerados. El valor de mercado estimado es de 100 millones de euros.
El Ayuntamiento de Alcobendas aprobó, en diciembre, el plan que permitía levantar sobre esos terrenos 450 pisos de lujo, de las que a Amenabar corresponderán 260.
La compañía liderada por la familia Amenabar ha comenzado en el mes de julio a comercializar dichas viviendas a través del proyecto El Jardín de La Moraleja. Se trata de pisos de cuatro y cinco dormitorios, con superficies de unos 250 m2 y un precio que ronda los 900.000 euros. Entre las diferentes tipologías se encuentran bajos con 330 metros cuadrados con jardines y terrazas, dos plantas altas y áticos con terrazas de 82 m2. Además, las viviendas cuentan con dos plazas de garaje y trastero.
El Jardín de La Moraleja dispone de casi 40.000 metros cuadrados de jardines y zonas verdes. En cuanto a las zonas comunes, el nuevo residencial de Amenabar cuenta con tres piscinas exteriores, un espacio de coworking, sauna, spa, gimnasio, salas de reuniones, biblioteca, lobby gastronómico, kids club y toboganes.
Apuesta de Cerberus por el alquiler
Cerberus confirma con esta operación su decisión de no apostar por su actividad promotora, algo planteado desde hace un año.
En cambio, centrará sus esfuerzos en lograr un porfolio de vivienda en alquiler, con su filial Macc Residencial. Para crear este parque ha transferido sus viviendas procedentes de Sabadell, BBVA y Santander.
Cerberus compró REO’s a Cajamar
La entidad americana adquirió 6.000 activos REO (Real Estate Owned) a Cajamar. Estos activos tienen un valor nominal cercano a los 500 millones de euros, e incluyen inmuebles residenciales, comerciales, oficinas y suelo, ubicados principalmente en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares y Región de Murcia.
Esta supuso la mayor transacción de activos improductivos del mercado español desde el inicio de la pandemia.
