España registra una media de 188 licitaciones públicas de obras que quedan desiertas cada mes, una situación que pone de manifiesto las dificultades para encontrar empresas dispuestas a ejecutar determinados proyectos con los presupuestos establecidos. Según los datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), durante los seis primeros meses de 2026 se contabilizaron 1.130 concursos sin adjudicatario, una cifra que refleja un problema que afecta tanto a las administraciones como al sector constructor.
El fenómeno no se limita a las grandes infraestructuras, sino que tiene una presencia destacada en obras de menor tamaño. El 82% de las licitaciones desiertas tenía un presupuesto inferior a 500.000 euros y alrededor de ocho de cada diez correspondían a administraciones locales y autonómicas, según los datos de la Confederación.
Ante esta situación, Raúl Molina, arquitecto técnico y jefe de obra con más de 20 años de experiencia, señala la importancia de comprobar si los presupuestos permiten ejecutar los trabajos en condiciones realistas. A su juicio, adjudicar una obra a la empresa que presenta la oferta más económica no garantiza que el proyecto pueda completarse sin dificultades ni pérdidas.
El precio más bajo no siempre garantiza una obra viable
Antes de presentar una oferta, las constructoras deben revisar las mediciones del proyecto, comprobar los precios de sus proveedores y analizar si los plazos previstos se pueden cumplir. Estos pasos permiten valorar si el dinero disponible será suficiente para cubrir los trabajos y si la planificación se ajusta a las condiciones reales de la obra. Molina advierte de que una facturación elevada no implica necesariamente que una empresa obtenga beneficios. «Una constructora puede facturar millones y estar perdiendo dinero. Facturar no es ganar», resume el profesional, que pone el foco en la diferencia entre el volumen de negocio y la rentabilidad efectiva de los proyectos.
Cuando el importe adjudicado queda por debajo de los costes que exige el mercado, los problemas pueden aparecer incluso antes de que los trabajos avancen de forma significativa. La empresa tiene que encontrar profesionales y proveedores que acepten las condiciones económicas previstas, una tarea complicada si los precios ofrecidos no se corresponden con los habituales.
«Cuando una obra llega al jefe de obra con una baja imposible de defender, empezamos a retrasar contrataciones y repetir comparativos intentando encontrar industriales que acepten precios que sencillamente no existen en el mercado», explica Molina. Estas dificultades pueden obligar a revisar una y otra vez las ofertas recibidas y dificultar la contratación a tiempo de los equipos necesarios, con posibles consecuencias para el calendario de ejecución.
Los retrasos también pueden aumentar el coste de las obras
Alargar los trabajos supone otro riesgo económico para las constructoras, ya que deben mantener durante más tiempo los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Entre estos gastos se encuentran el personal, las instalaciones y los medios utilizados en la obra, cuyo coste se acumula mientras no se completa la actuación. Un ejemplo permite entender el impacto que puede tener una demora. Si una obra estaba prevista para ejecutarse en 12 meses y termina prolongándose tres meses más, su duración aumenta un 25%; con unos costes fijos de 30.000 euros mensuales, ese trimestre adicional supondría 90.000 euros más, sin contar otros posibles sobrecostes.
Las consecuencias no afectan únicamente a la empresa adjudicataria. Cuando una actuación se retrasa, también puede demorarse la entrega de la infraestructura y, con ella, el momento en que los ciudadanos pueden empezar a utilizarla, por lo que el impacto de una oferta poco realista puede extenderse más allá del ámbito económico. Por este motivo, Molina defiende que las administraciones no deberían valorar las propuestas únicamente por su importe, sino también por las posibilidades reales de llevarlas a cabo con los recursos y los plazos previstos. La viabilidad económica debe estudiarse desde el principio para evitar que las dificultades que ya existen sobre el papel terminen trasladándose a la ejecución.
«Estamos confundiendo adjudicar barato con construir barato», afirma el arquitecto técnico, que insiste en que una oferta difícil de sostener antes de comenzar la obra no se vuelve viable por el simple hecho de haber sido adjudicada. «Lo que parecía un ahorro puede terminar convirtiéndose en un sobrecoste para todas las partes», concluye, en referencia a las consecuencias que una planificación económica insuficiente puede tener para las empresas y las administraciones públicas.
