La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha reclamado al Gobierno que incluya en el paquete de medidas anticrisis por el conflicto en Irán la revisión automática de los precios en los contratos públicos. La patronal solicita modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para excluir de su aplicación los contratos públicos de obras, de forma que los precios se ajusten automáticamente. La CNC advierte de que cuando los contratos no se adaptan a los precios de mercado, incluidos los energéticos y de mano de obra, se producen «retrasos, abandonos de obras y ralentizaciones».
Los costes energéticos representan en torno al 30% de los costes totales del sector, porcentaje que asciende a aproximadamente el 40% en tipologías de obras que utilizan intensivamente maquinaria. La CNC recuerda que el precio del gasóleo bonificado utilizado por la maquinaria de construcción ha subido un 50%, de un euro a 1,5 euros, como consecuencia de las últimas espirales inflacionistas, y pide mecanismos de compensación o devolución fiscal similares a los aplicados a sectores como el transporte o la agricultura.
Lección de Ucrania: empresas excluidas de las ayudas directas
La patronal denuncia que durante la guerra de Ucrania, muchas empresas del sector absorbieron incrementos extraordinarios de costes sin posibilidad de repercutirlos en sus contratos. Las empresas de maquinaria y excavación «apenas recibieron medidas de apoyo directo y quedaron en muchos casos excluidas de las ayudas habilitadas para otros sectores», según la CNC. Ante el nuevo contexto geopolítico, la confederación exige mecanismos efectivos de reequilibrio automático del coste del combustible en los contratos de obras públicas, especialmente en las fases de uso intensivo de maquinaria.
Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, señaló que «el reequilibrio de precios en los contratos públicos es imprescindible para evitar un frenazo en la actividad constructora» y subrayó la necesidad de que el Gobierno actúe de forma coordinada ante una situación que, en su opinión, «urge impulsar la construcción de viviendas e infraestructuras».
