El Ayuntamiento de Barcelona ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT para promover 1.500 viviendas públicas en la ciudad durante los próximos diez años. El convenio, que se prolongará hasta 2036, pretende ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda asequible y favorecer que las personas adjudicatarias puedan mantener su residencia en Barcelona durante largos periodos.
La iniciativa se desarrollará mediante la cesión en derecho de superficie, una fórmula que se sitúa entre la compra y el alquiler. Este sistema permite mantener la titularidad pública de las viviendas y, al mismo tiempo, ofrece a las personas adjudicatarias una mayor estabilidad que un contrato de alquiler convencional.
El derecho de superficie podrá extenderse durante un máximo de 75 años, lo que supone que una misma vivienda pueda ser utilizada durante cerca de dos generaciones. El objetivo es facilitar el arraigo de las familias y personas beneficiarias, al tiempo que se mantiene el carácter público de los pisos.
Las primeras 179 viviendas se impulsarán en tres solares
El acuerdo entre el Ayuntamiento y los sindicatos comenzará a materializarse en 2026 con la cesión de tres solares destinados a levantar las primeras 179 viviendas. Estos terrenos se encuentran en distintos puntos de la ciudad y permitirán poner en marcha la primera fase de una actuación que se irá ampliando progresivamente durante la próxima década. Uno de los solares está situado en el paseo de Havana, 10, en Sant Andreu, y permitirá construir 47 viviendas. Otro se encuentra en el pasaje Marqués de Castellbell, 1-5, en Horta-Guinardó, con capacidad para 97 pisos, mientras que el tercero está ubicado en la calle Palamós, 62, en Trinitat Nova, donde está prevista la construcción de 35 viviendas.
La adjudicación de estos pisos, así como de los que se incorporen posteriormente al programa, se realizará mediante sorteos entre las personas inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de Barcelona (Rshpo). De esta manera, el acceso a las viviendas quedará vinculado a este registro y a los procedimientos de adjudicación establecidos.
Los nuevos pisos se localizarán preferentemente en zonas de la ciudad que se encuentran en proceso de desarrollo. Entre los ámbitos señalados figuran la Sagrera, la Marina y el 22@, espacios en los que está previsto concentrar parte de las nuevas promociones. El modelo contempla además unas condiciones específicas para afrontar el coste de la vivienda. Una vez formalizada la cesión mediante escritura pública, las personas adjudicatarias podrán sufragar la hipoteca durante los primeros 30 años con mensualidades equivalentes a un alquiler asequible, según las condiciones anunciadas.
Al finalizar el periodo del derecho de superficie, la vivienda pasará a formar parte del parque público de vivienda de alquiler de Barcelona. De este modo, el sistema busca combinar el acceso estable a una vivienda durante décadas con la conservación del patrimonio residencial público a largo plazo.
Una nueva alianza dentro del Pla Viure
El convenio con CCOO y UGT se integra en la estrategia del Ayuntamiento para ampliar la vivienda pública y extender el acceso a este recurso a diferentes capas sociales, en línea con el Pla Viure y con el reconocimiento del derecho a la vivienda recogido en la Ley de vivienda. La colaboración con los dos grandes sindicatos de trabajadores se suma a otras alianzas y vías de promoción ya activadas por el Ayuntamiento. Entre ellas se encuentra el acuerdo vigente con el Incasòl, que contempla la promoción de 1.700 viviendas, así como la colaboración con el Consorci de la Zona Franca (CZF) para activar suelo de su titularidad.
También forman parte de esta estrategia el convenio ESAL, destinado a la construcción de 1.000 viviendas, y los concursos abiertos para promover otras 1.000 viviendas. El Ayuntamiento plantea así distintas fórmulas para incrementar de manera progresiva la oferta pública disponible en la ciudad.
