Banco Sabadell y Cerberus han puesto punto final a una relación empresarial que durante los últimos ocho años estuvo marcada por tensiones y conflictos judiciales. Ambas compañías han alcanzado un acuerdo extrajudicial que permite cerrar todos los asuntos pendientes y culmina con la salida definitiva de la entidad financiera de la inmobiliaria conjunta que crearon en 2018. La operación principal del acuerdo ha sido la venta por parte de Sabadell del 20% que todavía conservaba en Promontoria Challenger, sociedad creada junto al fondo para gestionar parte de los activos inmobiliarios problemáticos que la entidad bancaria decidió sacar de su balance, como recoge El Confidencial. El importe de la operación ha alcanzado los 115 millones de euros y supone el cierre definitivo de la alianza entre ambos socios.
Según ha reconocido Banco Sabadell en sus cuentas del primer semestre del ejercicio, esta desinversión ha generado un resultado negativo de 45 millones de euros. A pesar de este impacto en resultados, la entidad ha señalado que la operación tiene un efecto neutro en capital.
El origen del conflicto se remonta al Proyecto Challenger
La ruptura entre Sabadell y Cerberus tiene su origen en la operación conocida como Proyecto Challenger, una venta que se llevó a cabo en 2018 con el objetivo de desprenderse de una gran parte del denominado ladrillo tóxico del banco. En aquella operación, Cerberus ganó la puja organizada por la entidad para hacerse con una cartera de activos inmobiliarios con un valor bruto de 6.414 millones de euros. Los activos procedían de tres carteras diferentes: Challenger, Coliseum y Rex. El precio final de la operación se situó alrededor de los 3.500 millones de euros y, como parte del acuerdo, ambas compañías crearon Promontoria Challenger.
En esa nueva sociedad, Cerberus asumió el 80% del capital, mientras que Sabadell mantuvo el 20% restante. Ese porcentaje es precisamente el que la entidad ha vendido ahora para poner fin a cualquier vínculo empresarial con el fondo. Cuando se constituyó Promontoria Challenger, ambas partes acordaron un sistema de pagos diferidos por unos 600 millones de euros. Este mecanismo se estableció porque todavía había activos que no podían ser transferidos inmediatamente a la nueva sociedad, ya que algunos se encontraban en procesos de subasta o de reposición.
Cerberus abonó inicialmente 180 millones de euros correspondientes a los activos de la cartera Coliseum, que fueron los primeros que Sabadell pudo traspasar. Sin embargo, según la reclamación del banco, quedó pendiente una cantidad aproximada de 420 millones de euros relacionada con el resto de activos. Esa situación llevó a Banco Sabadell a iniciar acciones legales contra Cerberus en 2023, tanto en España como en Reino Unido. La entidad reclamaba cerca de 400 millones de euros por las cantidades pendientes derivadas del acuerdo alcanzado en 2018. La disputa judicial tuvo un primer desenlace favorable para Sabadell en Reino Unido, donde los tribunales dieron la razón al banco. Desde entonces, la entidad intentó que esa resolución también fuera reconocida en España, donde continuaban abiertos otros procedimientos relacionados con el conflicto.
El interés de Sabadell por obtener ese reconocimiento en España estaba relacionado con determinados conceptos económicos pendientes, como intereses que no habían quedado incluidos en la sentencia británica. Además, el contenido de la resolución inglesa podía tener importancia en la defensa del banco frente a la demanda presentada por Cerberus en España.
Un acuerdo que permite cerrar todos los frentes abiertos
Los procedimientos judiciales entre las dos compañías permanecieron paralizados mientras se resolvía otro asunto relacionado con la opción de venta que Sabadell tenía sobre su participación del 20% en Promontoria Challenger. La venta de esa participación ha permitido desbloquear la situación y facilitar un acuerdo global entre las partes.
Con este pacto extrajudicial, Sabadell y Cerberus dejan atrás una etapa marcada por desacuerdos sobre los compromisos económicos asumidos tras la operación inmobiliaria de 2018. La salida del banco de la sociedad conjunta supone el final de una colaboración que comenzó con el objetivo de gestionar activos problemáticos y que terminó en los tribunales.
