La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) vuelve a advertir sobre la falta de avances en materia de vivienda. La entidad lamenta que la reforma de la Ley del Suelo siga bloqueada pese a que los principales partidos coinciden en cuestiones esenciales. Según OCU, esta incapacidad política demuestra que la vivienda no es una prioridad real para los gobernantes.
La organización considera que se siguen aprobando medidas de efecto limitado. Señala que el reciente Real Decreto del Gobierno actúa como un parche ante el fuerte aumento de los precios del alquiler y también sostiene que su impacto está por demostrar. El decreto ofrece un aval para propietarios que alquilen a menores de 35 años o a hogares vulnerables. Cubre posibles impagos, daños en la vivienda y suministros no abonados, pero sin embargo, OCU alerta de tres obstáculos que reducen su utilidad.
Un aval que llega con restricciones y escasa agilidad
La primera limitación es el acceso. Solo se aplicará a contratos con jóvenes menores de 35 años, personas vulnerables y rentas que no superen el índice estatal de referencia. OCU recuerda que ese índice está muy por debajo del precio real en muchas ciudades. Esto deja fuera a una gran parte del mercado.
La segunda barrera es temporal. La cobertura solo se permitirá para contratos vigentes a 30 de enero de 2025. Este criterio restringe aún más el alcance de la medida. Y el tercer problema es la gestión administrativa. Las comunidades autónomas tendrán que adelantar fondos y recibirán la compensación meses después. Para OCU, este proceso retrasará la efectividad y desincentivará la participación.
La organización recuerda además que la mayoría del parque de alquiler español está en manos de pequeños propietarios. Más de 2,1 millones declaran ingresos por alquiler en su IRPF. Sin embargo, la regulación actual genera inseguridad y miedo al impago. OCU apunta a que la suspensión de desahucios, vigente más de cinco años, ha aumentado ese temor. Muchos propietarios prefieren dejar sus viviendas vacías o destinarlas a alquileres de temporada. Esto reduce la oferta disponible y contribuye a que los precios sigan subiendo.
Medidas estructurales para equilibrar el mercado
Para la organización, el origen del problema sigue intacto. Existe un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda. Por ello, reclama ampliar la vivienda protegida y la oferta total de viviendas.
También pide reforzar la seguridad jurídica que permita a los propietarios recuperar sus inmuebles en plazos razonables. Además plantea concentrar la suspensión de desahucios en casos de verdadera necesidad. Y exige compensaciones inmediatas para los arrendadores afectados.
Otra petición es dotar de recursos suficientes a los servicios sociales autonómicos y municipales. Considera que sin financiación adecuada es imposible atender adecuadamente a los hogares vulnerables.
