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Madrid anuncia 600 viviendas y un hospital en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel

El proyecto, que se retoma después de más de una década paralizado, permitirá dotar de una nueva vida a un ámbito con una superficie de 172.000 m2.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, Mariano Fuentes visitando los terrenos donde se encontraba la antigua cárcel de Carabanchel

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y el delegado de Desarrollo Urbano SostenibleMariano Fuentes, han anunciado este lunes la puesta en marcha del proyecto para urbanizar los terrenos donde se encontraba la antigua cárcel de Carabanchel. Se trata de un plan que tiene previsto levantar 600 viviendas (el 30% con algún tipo de protección), espacio para un gran hospital del sur y también para dependencias de Seguridad.

El proyecto, que se retoma después de más de una década paralizado, permitirá dotar de una nueva vida a un ámbito con una superficie de 172.000 m2.

Usos del ámbito

En la actualidad el plan parcial aprobado para la zona propone la siguiente distribución de usos:

  • En el sureste: las manzanas residenciales, en la zona más próxima a los barrios, donde la vivienda ya está consolidada.
  • En el noreste: las reservas de suelo para dotación singular.
  • En el centro: las manzanas que se destinan a uso terciario, articulando las parcelas destinadas a equipamiento y las manzanas residenciales.
  • En el noroeste: las parcelas destinadas a uso dotacional. Se prevé el mantenimiento de la Comisaría y Centro de Acogida de Extranjeros y se propone una nueva reserva para alojar un equipamiento singular en la categoría de salud.

De los 172.000 m2 de superficie, 128.000 m2 se reservan para usos no lucrativos, esto es equipamientos y zonas verdes. El resto, 44.000 m2, es para vivienda colectiva libre, vivienda colectiva de protección y uso terciario, con una edificabilidad total de 88.000 m2.

Tras la estimación de la iniciativa, se presenta también el proyecto de urbanización que, una vez aprobado, posibilitará el inicio de las obras que ejecutarán los propietarios del suelo, que, en este caso, son la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y la inmobiliaria Pryconsa.

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