El impulso inversor del Gobierno en materia de vivienda está marcando un punto de inflexión en la obra pública residencial. Los datos de licitación de 2025 sitúan al ejercicio como el mejor de los últimos 16 años a falta de cerrarse el mes de diciembre, como informan desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Solo entre enero y noviembre se han licitado obras de vivienda familiar por valor de 900,9 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 44,4% respecto al mismo periodo del año anterior y confirma un cambio de tendencia sostenido. El volumen alcanzado no se registraba desde 2009, cuando la inversión pública en vivienda todavía no había sufrido el impacto de la crisis financiera. A falta de los datos definitivos de cierre del año, todo apunta a que 2025 marcará un nuevo máximo en este ámbito.
En el mes de noviembre, las licitaciones de obra pública residencial alcanzaron los 58 millones de euros. El dato representa un incremento del 27% respecto al mismo mes del año anterior y refuerza la evolución positiva del conjunto del ejercicio.
Un año clave para la vivienda pública
La evolución de estas cifras refleja los frutos del impulso inversor del Gobierno en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. A este esfuerzo se suma el apoyo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha canalizado recursos hacia la construcción y rehabilitación de vivienda. Ambos instrumentos han permitido reforzar la oferta de vivienda familiar desde el sector público. El objetivo es responder a una demanda creciente y mejorar el acceso a una vivienda digna para amplias capas de la población.
La senda de inversión no se detendrá con el cierre de 2025. El próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contará con una dotación de 7.000 millones de euros. De ese importe total, al menos el 40% se destinará a la construcción de vivienda asequible. Esta apuesta busca consolidar un parque público sólido y estable a medio y largo plazo.
Viviendas protegidas con vocación permanente
Más allá de las cifras, el Gobierno ha puesto el acento en el uso social de las viviendas construidas con fondos públicos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en la necesidad de «proteger con carácter permanente» estas viviendas. Según ha señalado en distintas ocasiones, el objetivo es garantizar que el esfuerzo colectivo se mantenga siempre al servicio del interés general.
Bajo este marco, el liderazgo del Ministerio ha fijado un criterio claro para el futuro. Solo aquellas promociones que aseguren esa protección permanente podrán optar a la financiación del próximo Plan Estatal de Vivienda.
