El índice de referencia que se utiliza para actualizar anualmente los contratos de alquiler en España se situó en el 2,16% interanual durante el mes de febrero. El dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), supone un ligero incremento respecto al 2,14% registrado en enero. Con este resultado, el indicador acumula nueve meses consecutivos por encima del 2%. Además, el repunte rompe la breve tendencia a la baja que se produjo al inicio de año, cuando el índice descendió desde el 2,32% alcanzado en diciembre de 2025.
Este indicador se utiliza para revisar las rentas de aquellos contratos de alquiler firmados después de la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda. La normativa comenzó a aplicarse el 25 de mayo de 2023 y estableció un sistema específico para limitar las subidas en los arrendamientos.
El índice que marca la actualización de los nuevos contratos
El Instituto Nacional de Estadística publica cada mes este índice de referencia, que funciona como tope para la actualización anual del precio del alquiler. El valor se difunde con dos decimales y se calcula a partir de los datos económicos más recientes disponibles. De esta forma, cuando llega el momento de revisar la renta anual de un contrato firmado después de mayo de 2023, el propietario debe aplicar este indicador como límite máximo. El objetivo es evitar incrementos excesivos en el precio de los arrendamientos.
La fórmula utilizada para calcular el índice tiene en cuenta varios factores relacionados con la evolución de los precios. Entre ellos se incluyen el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y la diferencia entre las tasas de crecimiento anual de ambos indicadores. Además, el cálculo incorpora un parámetro relacionado con las previsiones de crecimiento a largo plazo del propio índice. Este elemento se establece a propuesta de la Dirección General de Política Económica.
A estas diferencias se les aplica posteriormente un coeficiente moderador. Este factor se fija de manera conjunta por la Dirección General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía.
Finalmente, el índice que se aplica como límite para la actualización de los alquileres es el menor de tres valores posibles. Se compara la variación anual del IPC, la de la inflación subyacente y una tasa media ajustada calculada según la metodología oficial.
Diferencias entre contratos anteriores y posteriores a la ley
Durante los últimos años, el Gobierno ya había aplicado límites temporales para frenar el impacto de la inflación en las rentas. En 2024, por ejemplo, la actualización anual de los alquileres se limitó de forma extraordinaria al 3%. Esta medida se adoptó en el contexto del aumento general de precios derivado de la guerra en Ucrania. La subida de la energía y de otros costes provocó un repunte inflacionario que llevó al Ejecutivo a establecer este tope.
Antes de esa medida, los contratos también estuvieron sujetos a otras limitaciones. En 2022 y 2023, la actualización anual se vinculó al Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que está limitado al 2% y nunca puede situarse por debajo del 0%. Sin embargo, no todos los contratos de alquiler se rigen por el nuevo índice del INE. Aquellos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda continúan actualizando su renta según lo establecido en el propio contrato. En estos casos, la revisión anual suele aplicarse utilizando el dato del IPC o el propio Índice de Garantía de Competitividad. La opción concreta depende de lo que acordaran propietario e inquilino cuando se firmó el contrato.
