
El precio de los alquileres en España sigue bajo la lupa. La inflación y las tensiones del mercado inmobiliario han impulsado cambios en la forma de actualizar las rentas. No hay que olvidar que este proceso está vinculado a un índice específico creado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La evolución de este indicador es clave para miles de inquilinos y propietarios. Cada mes, marca el techo de revalorización de los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Y en septiembre ha alcanzado su nivel más alto en lo que va de año.
El nuevo índice alcanza el 2,22% y mantiene su tendencia al alza
El INE ha publicado este miércoles el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler. En septiembre, este indicador se situó en el 2,22% interanual. Es su valor más elevado desde diciembre de 2024, cuando llegó al 2,28%.
Con este dato, el índice suma cuatro meses consecutivos por encima del 2%. En agosto se situó en el 2,19%, en julio en el 2,15% y en junio en el 2,10%. Esta evolución confirma una tendencia al alza en un contexto de presión inflacionaria.
Desde mayo de 2023, este índice es el que se utiliza para revisar la renta anual de los contratos firmados a partir de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. El objetivo es evitar subidas desproporcionadas en los precios del alquiler.
Este indicador se calcula mensualmente y se expresa con dos decimales. Tiene en cuenta el IPC, la inflación subyacente y las diferencias entre ambos, además de un parámetro que refleja el crecimiento esperado a largo plazo. A todo ello se suma un coeficiente moderador que se adapta a las circunstancias del mercado de vivienda.
Un cambio clave para inquilinos y propietarios
La metodología establece que el índice será el valor mínimo entre la tasa de variación anual del IPC, la inflación subyacente y la tasa media ajustada. De esta forma, se fija un límite máximo para la revalorización anual de los contratos. Es una medida que busca mayor estabilidad y previsibilidad para ambas partes.
Este mecanismo responde a lo dispuesto en la Ley por el Derecho a la Vivienda. La norma obliga al INE a definir un índice de referencia antes del 31 de diciembre de 2024. Su finalidad es evitar incrementos excesivos que afecten al acceso a la vivienda en alquiler.
En 2024, la actualización de los contratos estuvo limitada de forma extraordinaria al 3%. Fue una medida adoptada en respuesta a la inflación derivada de la guerra de Ucrania. En años anteriores, el Gobierno también estableció topes mediante el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), limitado al 2%.
Los contratos firmados antes de mayo de 2023 seguirán actualizando su renta según el IPC o el IGC, dependiendo de lo que figure en el contrato. El IGC no podrá superar el 2%. Esto significa que habrá dos referencias distintas según la fecha de firma del arrendamiento.





