El Gobierno vasco destinará 504,1 millones de euros a las políticas de Vivienda y Agenda Urbana en 2027, un presupuesto que supone un incremento del 19,4% respecto al ejercicio anterior y que se financiará íntegramente con recursos propios tras finalizar las aportaciones europeas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Así lo ha anunciado el consejero Denis Itxaso durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, donde ha defendido la continuidad de las inversiones públicas para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda.
Las nuevas cuentas permitirán situar en 5.174 el número de viviendas protegidas y apartamentos dotacionales impulsados o incorporados a las distintas líneas de actuación del Departamento, lo que representa aproximadamente el 74% del compromiso de alcanzar las 7.000 unidades al término de la legislatura. Itxaso ha resumido la apuesta presupuestaria con un mensaje claro: «Euskadi no se retira cuando desaparecen los fondos europeos. Euskadi redobla su compromiso con recursos propios».
El consejero ha señalado que el problema de la vivienda afecta tanto a los colectivos más vulnerables como a jóvenes con empleo, familias trabajadoras y clases medias, por lo que considera necesario mantener una respuesta continuada. «La crisis de vivienda no admite políticas intermitentes», ha afirmado durante la presentación de unas cuentas que combinan construcción de vivienda protegida, ayudas al alquiler, rehabilitación y nuevas medidas legislativas.
El alquiler concentra la mayor parte de la inversión
El Programa de Vivienda contará con 493,1 millones de euros, de los que 413,1 millones se dedicarán al alquiler, lo que representa el 83,8% de su presupuesto. Esta partida permitirá reforzar la oferta de vivienda protegida y asequible, además de impulsar la movilización de viviendas vacías y ampliar el parque público disponible.
Una de las principales previsiones para 2027 es la licitación de las obras de 1.840 viviendas protegidas y apartamentos dotacionales. De ellas, 279 serán promovidas directamente por el Departamento de Vivienda y 1.561 corresponderán a Visesa, en una fase que supone el inicio efectivo de los trabajos y no únicamente la tramitación administrativa de las promociones. A estas actuaciones se suman las 952 viviendas del programa de fomento del alquiler asequible, que dispone de 40,3 millones de euros y prevé entregar 610 unidades durante el próximo ejercicio. También se contabilizan las 510 viviendas de Benta Berri y las 57 adquiridas a Kutxabank, hasta alcanzar las 5.174 viviendas y apartamentos en las distintas líneas de actuación.
Por territorios, Álava contará con 683 nuevos inicios de obra, entre ellos promociones en Llodio, Agurain, Oyón y los barrios vitorianos de Salburua y Zabalgana. Si se incorporan las viviendas que ya están en construcción y las actuaciones del programa de alquiler asequible, el territorio alcanzará las 1.843 viviendas en marcha. En Bizkaia está previsto comenzar 187 nuevas viviendas protegidas en Muskiz, Abanto-Zierbena y Zorrotzaurre. Junto a las promociones que ya se encuentran en ejecución y las correspondientes al alquiler asequible, el territorio sumará 1.291 viviendas en marcha. Gipuzkoa concentrará 970 nuevos inicios de obra, repartidos entre municipios como Irun, Zumarraga, Ordizia, Andoain, Azkoitia, Azpeitia, Soraluze, Errenteria y Eibar. Al añadir las promociones actualmente en construcción, el total ascenderá a 1.473 viviendas.
Tres reformas para ampliar la intervención pública en vivienda
Además de las inversiones, el Gobierno Vasco plantea tres modificaciones de la Ley de Vivienda para aumentar su capacidad de actuación sobre el suelo y el parque protegido. La primera permitirá asignar directamente terrenos al Fondo Social de Vivienda, una herramienta con la que se pretende impulsar 10.000 nuevas viviendas de alquiler asequible mediante colaboración público-privada y planificación pública. Itxaso ha explicado que estas viviendas estarán protegidas de forma permanente y destinadas siempre al alquiler asequible, fundamentalmente para las clases trabajadoras y medias. «Sin suelo no hay alquiler asequible a gran escala», ha advertido, al defender la necesidad de disponer de terrenos antes de que se materialicen las promociones.
La segunda reforma busca prolongar la protección de las viviendas protegidas anteriores a 2003 que se encuentren en zonas tensionadas y puedan perder su calificación a partir de 2027. El objetivo es evitar que estos inmuebles pasen al mercado libre en los lugares donde existe una mayor presión sobre los precios, ya que, según el consejero, «la política de vivienda no consiste solo en sumar. También consiste en no perder».
La tercera modificación contempla la creación de una inmobiliaria pública encargada de ordenar la compraventa de viviendas protegidas entre particulares. Este mecanismo permitirá seleccionar a los compradores entre las personas inscritas en Etxebide, teniendo en cuenta criterios como los ingresos, la antigüedad en el registro y las necesidades de cada unidad familiar, con la intención de evitar sobreprecios y garantizar adjudicaciones transparentes.
El Departamento también promoverá que las actuaciones residenciales destinadas a vivienda protegida puedan incorporarse a los Proyectos de Interés Público Superior. Esta medida pretende agilizar promociones estratégicas en coordinación con los ayuntamientos y el futuro Plan Territorial Sectorial de Vivienda, que servirá para identificar las necesidades de cada municipio y orientar las inversiones.
Más ayudas al alquiler y recursos para rehabilitación
Las cuentas reservan 83 millones de euros para las prestaciones económicas vinculadas al Derecho Subjetivo a la Vivienda, 18 millones más que en 2026. La partida será ampliable para atender a todas las personas que cumplan los requisitos y el Ejecutivo prevé cerrar 2027 con 34.000 familias titulares de este derecho.
Por su parte, Gaztelagun dispondrá de 30 millones de euros, también ampliables, con la previsión de llegar a 11.000 personas beneficiarias. El programa mantendrá además la reserva del 50% de las viviendas de alquiler asequible para menores de 36 años, mientras se contempla ampliar los límites de acceso a las ayudas para incluir alquileres de mayor importe en zonas tensionadas.
La movilización de vivienda vacía también tendrá un papel destacado. Bizigune contará con 55,4 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio anterior, con el objetivo de alcanzar las 8.500 viviendas, mientras que Alokabide dispondrá de 187,1 millones para gestionar el parque de alquiler y adquirir promociones, entre ellas las 711 viviendas que recibirá de Visesa en 2027.
Por último, la rehabilitación y la regeneración urbana recibirán 81,49 millones de euros. De esta cantidad, 56,8 millones se destinarán a mejorar la habitabilidad, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios, mientras que otros 23,9 millones financiarán actuaciones de regeneración de barrios.
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