El Gobierno habilitará este 2025 una partida de 35 millones de euros para las autonomías que hayan declarado zonas tensionadas de mercado o lo vayan a hacer, el paso previo a contener el precio de los alquileres, para apoyar su apuesta por el control de rentas.
Según ha anunciado este miércoles durante la inauguración oficial del salón de la construcción Construmat, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos 35 millones se repartirán este 2025 y la cantidad «se ampliará» en años próximos.
La ministra ha dado a conocer la nueva medida sin especificar a qué comunidades irán a parar, aunque en estos momentos las únicas que han dado un paso adelante para declarar las zonas tensionadas son Cataluña, País Vasco y Navarra.
La Ley de Vivienda contempla en su artículo 18 «el diseño y adopción de medidas de financiación específicas» para «favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta» en las zonas que se hayan declarado tensionadas.
«Declarar una zona tensionada no es un éxito. Es reconocer que estamos ante un problema y que hay que ponerse a solucionarlo», ha destacado Rodríguez, insistiendo en que la ley conmina a bajar rentas y bonifica a los propietarios que optan por ello.
La ley permite también «compensar» y «acompañar» a las administraciones públicas que ya han aplicado la Ley de Vivienda, como es el caso de Cataluña, ha señalado.
Con esta partida extraordinaria, el ejecutivo central pretende ayudar a estas comunidades y a las que puedan tomar la misma decisión más adelante, a contar con más recursos para adoptar nuevas medidas «en aras de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada», ha concretado el Ministerio de Vivienda.
Al mismo tiempo, Rodríguez ha explicado que se movilizarán todos los recursos de los que dispondrá la empresa estatal de vivienda, suelos e inmuebles, «con carácter prioritario donde se produce una mayor tensión residencial, entre ellos los municipios urbanos de Cataluña».
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha instado de nuevo a las autonomías con dificultades para el acceso a la vivienda a aplicar la ley y declarar zonas tensionadas o, en caso contrario, a atender las demandas de los ayuntamientos que quieren hacerlo.
Por su parte, Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, quien también ha asistido al evento, ha hecho un llamamiento a los constructores a «arremangarse» para conseguir construir cuantas más viviendas mejor. Además, Illa ha reclamado al sector que tenga «confianza» en la administración pública y en su estrategia para hacer frente a la crisis de la vivienda.
«No tenemos varitas mágicas». La solución, según el presidente catalán, no pasa por dejar el problema de la vivienda en manos del mercado, el que da recetas simples «o se equivoca o engaña».
Además, Illa se ha comprometido a ayudar al gremio de la construcción en todo lo posible aunque, ha advertido, «nunca en contra de los ayuntamientos», y ha defendido su política de control de los alquileres. «Nuestro norte es el bien común y el interés general. Nos toca responder a la necesidad urgente de construir tantas viviendas como sea posible», ha recalcado.
Por su parte, el alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, David Quirós, ha instado a los distintos agentes implicados a «remar en la misma dirección» para afrontar el reto del derecho a la vivienda, en especial en las grandes urbes como la que él dirige.
«Tenemos una ciudad muy densa, con barrios en los que el 85 % de las viviendas tienen más de 50 años, construidas durante el desarrollismo franquista. No queremos normalizar la precariedad», ha indicado.
Durante el acto, ha tomado también la palabra el presidente de Construmat y de la patronal de constructores y promotores APCEspaña, Xavier Vilajoana, que ha agradecido la presencia de los representantes de las administraciones públicas. El profesional ha destacado que «por fin parece que se habla con sentido común».
«La responsabilidad que tenemos es enorme y el sector privado está preparado para llevarlo adelante, pero no podrá hacerlo sin colaboración público-privada», ha asegurado, para pedir, a continuación, que no se piense sólo en vivienda asequible porque «no podemos pensar solo en una parte» y «no somos nadie para decirle a la gente cómo debe vivir».
