La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la venta de 23 inmuebles pertenecientes a la Comisión Europea al Estado belga en 2024 a través del fondo soberano (SFPIM) por un importe aproximado de 900 millones de euros. La investigación se produce tras los registros realizados este jueves por las fuerzas de seguridad en instalaciones de la institución en Bruselas.
La mayoría de los inmuebles afectados se encuentran situados en el barrio europeo de Bruselas, zona que alberga las sedes de la Comisión Europea y de otras instituciones como el Consejo y el Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Europea. Dichos inmuebles suma una superficie de entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados de despachos, según los datos de los medios belgas.
«La Comisión Europea está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente con la Fiscalía Europea y las autoridades belgas competentes en este asunto, proporcionando toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente», ha señalado un portavoz comunitario a Europa Press.
La Comisión Europea ha seguido los protocolos y procedimientos correspondientes en este tipo de operaciones, respaldando su confianza en que la transacción analizada se realizó de acuerdo a la normativa establecida, ha añadido el portavoz. Por su parte, la Fiscalía Europea asegura estar desempeñando actividades que les permita recoger pruebas.
