El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la Comunidad de Madrid han presentado a los profesionales del sector el borrador de la nueva Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), conocida como la nueva Ley de Suelo. La sesión informativa sirvió para desgranar las líneas maestras de una reforma que pretende modernizar la ordenación territorial madrileña. El encuentro se enmarca en la estrategia Madrid2050, que proyecta el crecimiento de la región en las próximas décadas.
Durante la jornada se explicó que la futura norma busca unificar criterios y simplificar la gestión urbanística. El objetivo es reducir trámites innecesarios y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a profesionales como a administraciones. Entre las herramientas clave figuran los nuevos Planes Estratégicos Municipales (PEM), concebidos para planificar a largo plazo.
El decano del COAM, Sigfrido Herráez, subrayó la relevancia de esta reforma para el futuro de la región. Recordó que en 2050 se espera que tres millones de personas residan en la Comunidad de Madrid y que será imprescindible disponer del suelo necesario para atender esa demanda. «Sin territorio no hay ciudad», afirmó, insistiendo en que la aprobación de la ley será determinante para el trabajo de los arquitectos.
En el acto participaron la directora general de Urbanismo, Sara Aranda; el subdirector general de Urbanismo, David González; y la subdirectora general de Cooperación y Asistencia Urbanística, Marta Callejón. La presencia de los responsables autonómicos permitió resolver dudas técnicas y avanzar en el diálogo con el colectivo profesional. El ambiente fue de colaboración institucional.
Un nuevo modelo con menos cargas y más flexibilidad
Aranda defendió que la Comunidad se encuentra «en un momento óptimo para poder hacer un cambio que facilite los próximos 10 años«. Según explicó, la ley apuesta por un urbanismo más flexible en relación con los usos del suelo. Esto permitirá adaptar los espacios a necesidades sobrevenidas sin tener que modificar constantemente los instrumentos de planeamiento.
El anteproyecto redefine la estructura normativa y simplifica el catálogo de planes. Se establecen dos grandes instrumentos autónomos: el Plan Estratégico Municipal, orientado al modelo de ciudad a largo plazo, y el Plan Ejecutivo, el único habilitado para transformar el suelo. Este último clasifica el territorio en tres categorías claras: urbanizado, rural protegido y rural no protegido. La norma también refuerza la disciplina urbanística y define con mayor precisión los regímenes jurídicos del suelo y los mecanismos de expropiación forzosa. El Jurado Territorial de Expropiación actuará como árbitro técnico independiente para fijar el justiprecio. Además, se prioriza la regeneración urbana para recuperar tejidos degradados.
