El 76,4% de las 17.000 fincas rústicas del Estado no llega a una hectárea

Fuente: Servicio de Estudios de Cocampo a partir del Portal de Transparencia de la AGE · Agosto 2026

Han pasado más de ocho meses desde que el presidente del Gobierno anunció, el 14 de enero de 2026, el análisis de «unas 17.000 fincas rústicas» de la Administración General del Estado para valorar su aptitud y, «en su caso», ponerlas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios. El matiz no es menor: el anuncio nunca garantizó que todas las fincas fueran aptas. El informe de Cocampo, titulado «Las 17.000 fincas del Estado. Radiografía del patrimonio rústico anunciado para favorecer el relevo generacional», trata de responder a esa pregunta con los datos públicos disponibles.

La consulta al Portal de Transparencia de la AGE, extraída el 31 de agosto con datos actualizados a 6 de junio, devuelve 16.485 inmuebles rústicos. De ellos, 15.510 figuran con «Patrimonio del Estado» en el campo «Uso», mientras que los 975 restantes están asociados a otros organismos, como las confederaciones hidrográficas, Carreteras, el Invied o Parques Nacionales. La cifra del anuncio tiene además un antecedente documental: el Programa de Puesta en Valor 2023-2030 de Patrimonio contabilizaba, a 31 de diciembre de 2022, 16.998 inmuebles rústicos patrimoniales sin arrendar.

Las fichas informativas pueden consultarse en la web de la compañía. Su publicación es exclusivamente informativa y no implica que los inmuebles estén actualmente en venta, arrendamiento o cesión. Lo que sí permiten es observar por primera vez, de forma agregada, qué tipo de suelo rústico conserva hoy el Estado.

Tres de cada cuatro fincas del Estado no alcanzan la hectárea

Los 15.510 inmuebles identificados como Patrimonio del Estado suman 23.953 hectáreas, pero el dato agregado esconde una estructura muy desigual. La superficie mediana es de solo 0,416 hectáreas, el 75% no llega a 0,95 hectáreas y el 99% se queda por debajo de unas 10,7 hectáreas. Solo 176 inmuebles alcanzan las 10 hectáreas y apenas 40 igualan o superan las 30.

La cartera es, al mismo tiempo, muy fragmentada por número y muy concentrada por superficie. Los 11.848 inmuebles inferiores a una hectárea suman únicamente 4.174 hectáreas, el 17,4% del total. En el extremo opuesto, solo nueve fincas de 100 hectáreas o más reúnen 7.816 hectáreas, casi un tercio de toda la superficie. Pocas, pero decisivas.

Fuente: Servicio de Estudios de Cocampo a partir del Portal de Transparencia de la AGE · Agosto 2026. Una explotación puede integrar varias parcelas; estos umbrales no determinan por sí solos la viabilidad agraria.

El contraste con la estructura del campo español es evidente. La explotación agrícola media disponía en 2023 de 30,46 hectáreas de superficie agrícola utilizada, según el INE, después de crecer un 13,2% en solo tres años mientras el número de explotaciones caía un 12,4%, de 895.055 a 784.141. El informe insiste en que esa cifra no es un mínimo de viabilidad, pero sí dibuja dos escalas muy distintas que necesitan algún mecanismo de conexión.

La geografía tampoco es homogénea. Cuatro comunidades concentran el 89,9% de los registros de Patrimonio del Estado, con Castilla y León a la cabeza. Por provincias destacan León, con 3.320 inmuebles; Castellón, con 2.746, y Valencia, con 2.495. La cartera responde a la historia de formación del patrimonio estatal, no a una reserva de suelo distribuida por el territorio.

Fuente: Servicio de Estudios de Cocampo a partir del Portal de Transparencia de la AGE (subconjunto Patrimonio del Estado) · Agosto 2026

Lo que queda se parece a lo que el Estado lleva años vendiendo

La venta de fincas rústicas forma parte desde hace más de una década de la gestión ordinaria de Patrimonio del Estado. Según sus memorias oficiales, entre 2012 y 2024 se acordaron al menos 14.822 enajenaciones de fincas rústicas por unos 40,63 millones de euros, una media cercana a 2.741 euros por operación. Solo durante el Plan de Racionalización 2012-2020, las rústicas supusieron casi el 90% de los 12.562 inmuebles vendidos.

Cocampo ha reconstruido a partir del BOE una base de 11.576 referencias catastrales rústicas que salieron al mercado entre 2012 y 2026. Su perfil de tamaños es casi idéntico al de la cartera actual, aunque el informe advierte de que no puede afirmarse que se trate de los mismos inmuebles, porque el Portal no incorpora una referencia catastral que permita cruzar ambas bases.

Fuente: Servicio de Estudios de Cocampo (reconstrucción a partir del BOE y Portal de Transparencia de la AGE) · Septiembre 2026. La similitud de estructura no implica que sean los mismos inmuebles.

El perfil económico apunta en la misma dirección. En las 8.861 referencias históricas con un tipo de salida identificable, la mediana se sitúa en torno a los 780 euros y más de la mitad no alcanza los 1.000 euros. Se trata del precio asociado al procedimiento, no necesariamente del importe final de la compraventa, pero ofrece una pista clara del valor unitario de estos activos.

La reiteración también es significativa. Un total de 3.409 referencias aparecen más de una vez en los anuncios analizados y más de 1.300 lo hacen en cuatro ocasiones o más. La repetición puede responder a distintas causas, pero es coherente con lo que reconoce la propia Administración en su Programa 2023-2030: la venta no puede garantizarse y los inmuebles que no encuentran comprador deben volver a ofertarse.

La aptitud agraria, la gran incógnita de la cartera

El tamaño es solo una parte del problema. La información pública no permite determinar de forma homogénea cuántas propiedades son agrícolas, forestales, pastos o terrenos improductivos, ni cuáles disponen de regadío efectivo, derechos de agua, suelos adecuados, accesos suficientes o una situación jurídica regularizada. Y el agua pesa: el regadío ocupa alrededor del 23% de la tierra cultivada en España, pero genera aproximadamente el 65% del valor de la producción vegetal, según el Ministerio de Agricultura.

La duda ya la planteó el sector agrario al día siguiente del anuncio. «Si las fincas son de secano rabioso, no hace falta que las den porque son prácticamente inservibles», advirtió Miguel Padilla, secretario general de COAG. El propio Programa 2023-2030 de Patrimonio califica la administración de las fincas rústicas de «especialmente complicada» y enumera problemas de identificación, ocupaciones, mantenimiento, regularización en Registro y Catastro y duración de los procedimientos patrimoniales.

Tierra Joven y el trabajo previo al escaparate

Junto a las 17.000 fincas, el Gobierno anunció Tierra Joven, una plataforma destinada a reunir oferta y demanda y mejorar la transparencia del mercado de tierras. El presidente aseguró que se pondría en marcha «de manera inmediata» y añadió: «No vamos a tardar meses». Entre febrero y marzo, el Ministerio de Agricultura seguía refiriéndose a ella como una plataforma en creación.

«El problema no es dónde publicar las fincas. Cocampo ya hace visible la oferta rústica y conecta propietarios y compradores», señala Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo. A su juicio, el reto real es anterior a cualquier canal de difusión y pasa por conocer a fondo cada activo antes de ofrecerlo a quien quiera trabajarlo.

El informe valora positivamente que los inmuebles públicos aptos puedan destinarse a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales, pero acota las expectativas. «La cartera puede contribuir al relevo generacional. Pero, por su estructura y por todo lo que todavía falta conocer sobre la aptitud de los activos, difícilmente puede constituir por sí sola una solución estructural al problema de acceso a la tierra», concluye Coca.

Las recomendaciones del estudio apuntan a mejorar la identificación de la propiedad, actualizar titularidades, coordinar Registro y Catastro y facilitar, cuando sea necesario, la agregación de pequeñas parcelas en unidades económicamente útiles. Cocampo avanza que su próximo informe analizará cuánto ha progresado la coordinación entre ambos registros impulsada por la Ley 13/2015 y qué tierra sigue bloqueada por problemas de información y titularidad.

Las 17.000 fincas no son una reserva de tierra lista para el relevo generacional, sino una cartera heredada, dispersa y mayoritariamente minúscula que el Estado lleva años intentando depurar. Su utilidad dependerá menos del anuncio que del trabajo técnico que falta por hacer: saber qué es cada finca, en qué estado está y con qué otras puede sumarse. En un campo que pierde explotaciones mientras las que resisten ganan escala, esa capacidad de agregación será la verdadera medida del éxito.