El anuncio del Gobierno de España sobre la creación de una plataforma para movilizar fincas rústicas públicas destinadas a jóvenes agricultores ha reabierto un debate de fondo. La pregunta es clara. ¿Quién posee realmente el suelo rústico en España y en qué condiciones puede ponerse en uso productivo? La plataforma especializada en suelo rústico, Cocampo, valora positivamente que el acceso a la tierra y el relevo generacional ocupen un lugar central en la agenda pública.
Desde hace años, dicha entidad advierte de las consecuencias del envejecimiento de los titulares de explotaciones agrarias y del abandono progresivo de fincas heredadas. Esta situación impacta de forma directa en la economía agraria, la gestión del territorio y el aumento de riesgos ambientales. Según explica su CEO, Regino Coca, el relevo generacional solo será posible si existe un acceso real, transparente y económicamente viable a la tierra, tanto pública como privada.
Desde una visión técnica y de mercado, la compañía señala que el principal problema no es la falta de iniciativas. El verdadero obstáculo es la ausencia de información unificada, transparencia y herramientas profesionales que permitan movilizar suelo que hoy permanece infrautilizado. Sin datos claros, cualquier política de acceso a la tierra nace con limitaciones estructurales.
Las Administraciones Públicas, principales propietarias del suelo rústico
Las Administraciones Públicas son, en la práctica, las mayores propietarias de suelo rústico en España. Más de 8 millones de hectáreas de montes, dehesas y fincas rústicas, cerca del 16% del territorio nacional, están en manos públicas, según Cocampo. Este patrimonio se reparte entre distintos niveles administrativos y presenta realidades de gestión muy diversas.
Las entidades locales gestionan alrededor de 6,22 millones de hectáreas a través de ayuntamientos, diputaciones y cabildos. En muchos casos se trata de terrenos con baja utilización, para los que los gobiernos locales buscan fórmulas que permitan generar ingresos, financiar servicios públicos y fijar población en el medio rural. La puesta en valor de estos activos es vista como una oportunidad para dinamizar economías locales.
Las comunidades autónomas, por su parte, son titulares de unas 1,15 millones de hectáreas de montes propios, reservas y patrimonios agrarios. Estos terrenos requieren una gestión especializada, con criterios homogéneos y una planificación a largo plazo. El equilibrio entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica es uno de los grandes desafíos.
En el ámbito estatal, el patrimonio rústico es muy diverso. Los 16 Parques Nacionales suman casi 392.000 hectáreas terrestres, mientras que el Ministerio de Defensa gestiona unas 135.000 hectáreas. A ello se añaden los inmuebles rústicos del Patrimonio del Estado y las hectáreas estratégicas gestionadas por SEPES.
Convertir el patrimonio público en valor real
Pese al enorme volumen de suelo público, no existe un inventario único, accesible e interoperable. Hoy no se puede saber con precisión qué hectáreas están disponibles, bajo qué condiciones o con qué aptitud agraria o forestal. Esta falta de información limita cualquier intento de movilización eficaz.
Para Regino Coca, el debate no debería centrarse solo en crear nuevas plataformas. El reto es transformar este patrimonio en valor económico, social y ambiental sin perder su función de servicio público.
