El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto en el que se establece la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas.
El fin de esta cobertura, que será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común (todas excepto el País Vasco y Navarra), es facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos, como las personas vulnerables y los jóvenes.
Para contar con la cobertura, los arrendadores, que deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tendrán que cumplir estos requisitos (las autonomías podrán fijar más criterios):
- Firmar un contrato con personas vulnerables (según lo establecido en cada comunidad) o menores de 35 años.
- Cobrar una renta que no supere el índice estatal de referencia.
- Depositar la fianza obligatoria del contrato de arrendamiento y sus actualizaciones.
Las compensaciones a las que da cobertura el aval son las siguientes:
- Impago de rentas.
- Daños causados al inmueble.
- Coste de suministros debidos.
«La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025», señala el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en una nota de prensa.
