De ‘eficiencia primero‘ a ‘descarbonización primero‘. En España, los edificios generan el 25 % de las emisiones y aún queda por descarbonizar hasta el 50 % del parque residencial, según cálculos del IDAE. Prácticamente, se trata de todo edificio que sigue utilizando calderas de gas o gasóleo, a menudo con baja eficiencia energética, lo que incrementa el consumo de combustibles fósiles más allá de lo necesario.
Pese a la existencia de ayudas a la descarbonización, «el progreso real es decepcionante frente a los objetivos: entre 2021 y 2023 solo se rehabilitaron 103.000 viviendas, apenas un 7,5 % de la senda del PNIEC», explica Luis Quiroga, cofundador de Oikos y uno de los autores del informe ‘Descarbonización de edificios’. No es tarea fácil, pero otros países europeos han logrado mayor avance: desde 2005, las emisiones del parque de edificios en la UE han bajado un 22 %; en España, solo un 15 %.
Durante años, la política energética ha primado la ‘eficiencia primero‘. Hoy, ese enfoque no basta. El dogma al que se aferran las políticas actuales prioriza acciones de aislamiento energético que reducen el consumo, sin actuar sobre la fuente primaria de emisiones en el suministro energético. Según Quiroga, «es la fórmula ideal en una situación ideal, sin restricciones financieras», sin embargo, «en la realidad supone problemas de escasa rentabilidad y emisiones ancladas».
El anterior enfoque encajaba cuando no existía más opción que los combustibles fósiles, pero no a día de hoy, con soluciones como la aerotermia (electrificación de la calefacción) o las redes de calor. «Hay otras opciones que pueden permitir una descarbonización total». Seguir priorizando únicamente la eficiencia energética ya no es suficiente: España necesita adoptar un modelo que ponga la descarbonización al frente, no como fin futuro, sino como hoja de ruta inmediata.
‘Descarbonizar un edificio’ implica «realizar actuaciones que eliminen las emisiones asociadas a su climatización y consumo energético durante todo su ciclo de vida». Gracias a la energía renovable, descarbonizar en el consumo eléctrico es «relativamente fácil». Teniendo en cuenta que más del 80% de los edificios en España se construyeron antes de 1980, cuando no existían normativas sobre eficiencia energética, y que se trata de viviendas con muros sin aislamiento, ventanas obsoletas y sistemas de climatización ineficientes, el gran reto actualmente está en la calefacción y el agua caliente sanitaria, que aún dependen principalmente de calderas de gas y gasoil.
¿Cómo hacerlo? En algunos edificios es posible reemplazar la calefacción fósil por soluciones como la aerotermia, y en menor medida, la biomasa. Y en ciertas zonas climáticas frías con alta densidad de población, pueden ser viables las redes de calor, casi desconocidas en España pero prevalentes en otros países europeos, matiza Quiroga.
Sensibilización social
«La eficiencia energética es un tema bastante técnico que supera a la gran mayoría de los propietarios», que en muchos casos «desconocen cómo descarbonizar su vivienda y cuál sería la rentabilidad de hacerlo». El cambio «tendría importantes beneficios para España en términos de balanza de pagos y seguridad energética, además de los obvios beneficios medioambientales y para la salud, como la mejora de la calidad del aire».
Más allá del mero cumplimiento de objetivos europeos o la ventaja en términos de inversión, es urgente concienciar a la población al respecto. Hemos de apostar por medidas para generalizar el nivel de conocimiento y promover la aparición de proyectos atractivos al respecto. Por ejemplo, mediante la creación de «planes de descarbonización por edificio», que empoderen a los vecinos a la hora de decidir «qué solución es la más apropiada para su caso».
Cambio de paradigma: la descarbonización como nueva hoja de ruta
El planteamiento histórico encajaba antiguamente, pero en la realidad «suele ser tan caro, que son necesarios plazos muy largos (20 años o más) para recuperar la inversión». Para quienes tienen recursos, la inversión no siempre resulta atractiva. Y para quienes no los tienen, no permite financiar la inversión con un préstamo. «Aunque existen subvenciones para hacer estas inversiones más rentables, no hay dinero público suficiente para solucionar el problema de todo el país a base de ayudas», alerta el profesional.
El otro problema son las «emisiones ancladas». El aislamiento puede reducirlas en un 30-40%, o llegar al 70% en los casos más profundos, pero no logra la completa descarbonización. Y «no es realista esperar que el consumo residual de las calderas de gas sea renovable en un futuro a través del biometano o del hidrógeno verde», según Quiroga.
En este contexto, la madurez de la aerotermia, que funciona con energía cada vez más renovable, supone un cambio de paradigma: «sustituir calderas antiguas por sistemas electrificados elimina automáticamente emisiones en una proporción idéntica al porcentaje de la generación eléctrica libre de emisiones (que en España está por encima del 60%)». Y «a medida que el mix eléctrico se descarbonice, llegará al 100%». También sería, realmente, priorizar la eficiencia, ya que la aerotermia tiene eficiencias del 300‑400 %, frente al 90% de una caldera de gas.
Además, electrificar es tan rentable que a veces puede ser «autofinanciable»: los ahorros compensan el coste de la financiación de la inversión, haciendo cero el coste neto para el propietario. Es el caso de los usuarios intensivos: viviendas que consumen más energía, incurren más gasto en calefacción y, por lo tanto, se beneficiarían más de una inversión en electrificación. Así, se conseguiría descarbonizar al menor coste público posible, maximizando la reducción de emisiones por euro invertido.
Obstáculos que frenan la descarbonización
En el proceso de descarbonización, existen barreras económicas, sociales y técnicas. Por una parte, la alta inversión inicial genera una «rentabilidad incierta», mientras que «las distorsiones en precios gas-electricidad que desincentivan la electrificación dificultan la internalización del coste del carbono», provocando la falta de proyectos atractivos en rentabilidad.
Por otra, se perfilan barreras sociales, como el desconocimiento de las alternativas de rehabilitación energética, la dificultad de decidir en comunidades de vecinos, cuestiones de pobreza energética que condicionan un desigual acceso a la financiación o las ayudas para rehabilitación energética.
Además, existen importantes limitaciones técnicas y físicas al despliegue de tecnologías como las bombas de calor. El espacio en cubiertas, la falta de infraestructura para redes de calor o autoconsumo colectivo, y la antigüedad del parque edificatorio suponen obstáculos importantes, según Quiroga.
¿Cómo pagar la descarbonización?
Para financiar estas acciones, existen medidas como los préstamos ICO, deducciones fiscales, deducciones autonómicas, los programas PREE o las ayudas Next‑Gen, que pueden llegar a financiar entre 35% y 60% del coste de rehabilitación o aerotermia. Y aunque aún es poco conocido, se ha introducido recientemente el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que puede llegar a financiar una parte importante de las inversiones en eficiencia energética como la aerotermia.
«Si bien en muchos casos las inversiones en eficiencia son poco rentables, en una proporción importante son atractivas, incluso sin subvenciones», comenta Quirogas. A menudo, los propietarios no cuentan con el capital necesario, así que resulta crucial movilizar la financiación hacia los proyectos más rentables.
Para las entidades bancarias, financiar la eficiencia energética suele ser atractiva, pero sin embargo, no tienen suficientes proyectos por el desconocimiento de los propietarios.
En este punto es en el que Oikos propone «planes de descarbonización por edificio»: que todas las comunidades de propietarios elaboren un plan propio que ofrezca información clara sobre la rentabilidad de su proyecto y, si es autofinanciable, que se lleve a cabo. Plantean, además, la aprobación automática de proyectos de eficiencia energética, ya que «tomar decisiones en una comunidad de vecinos puede ser algo complejo». Un paso en el que, en todo caso, será conta vital el apoyo de figuras como los administradores de fincas y los agentes rehabilitadores.
Propuestas de Oikos
Además de cambiar de estrategia priorizando la descarbonización, Oikos opta por el «análisis coste-beneficio»: priorizar las diferentes políticas publicas según su eficiencia en reducción de emisiones por euro invertido.
A nivel fiscal y medioambiental, el informe insiste en que lo más eficiente sería priorizar la descarbonización de los usuarios intensivos, ya sea por su baja eficiencia energética de partida o su tamaño. Además de evitar más emisiones, «estos usuarios obtienen una mayor rentabilidad en la inversión necesaria para descarbonizar, por lo que requieren menos ayudas públicas, o ninguna», señala Quiroga.
Por último, Oikos propone un reequilibrio progresivo entre los precios de gas y electricidad, para mejorar el atractivo económico de las opciones electrificadoras, y un mayor ímpetu a las redes de calor.
En este sentido, en España el gas es, por unidad de energía suministrada a un consumidor domestico, 3‑4 veces más barato que la electricidad. Nos referimos al precio final, que incluye además de cargos y peajes, impuestos especiales. «No tiene mucho sentido aplicar más impuestos a las energías que producimos en España con recursos propios -como la electricidad renovable- que a las importaciones de combustibles fósiles», explica Quiroga. En su opinión, se trata de «una discriminación fiscal que, además, provoca que la calefacción electrificada sea menos rentable de lo que debería ser».
En otros países, como en Reino Unido o Países Bajos, «se han dado cuenta del problema y están tomando medidas para trasladar progresivamente esa carga fiscal del consumo eléctrico al del gas», puntualiza Quiroga. En este punto, propone algo similar para aumentar la competitividad de las tecnologías de electrificación como la bomba de calor, haciendo más atractiva la transición de la calefacción con menor coste fiscal de subvenciones.
Roles clave del sector público y privado en la transición energética
Apostar por la descarbonización no es solo una medida ambiental, sino una oportunidad económica: puede generar empleo, reducir importaciones energéticas y hacer más competitivas nuestras viviendas a medio y largo plazo.
En este proceso, la Administración debe fijar señales de precio, simplificar trámites, y asegurar que las subvenciones son otorgadas de acuerdo con un criterio de eficiencia de beneficios por euro invertido. Todo, procurando especial protección de los colectivos más vulnerables, opina Quiroga.
Por su parte, el sector privado (promotores y financiadores) tiene como responsabilidad principal apoyar a los propietarios a identificar los proyectos más atractivos, y que a ellos llegue la financiación, señala Quiroga. Es fundamental que desempeñen su labor con un alto grado de profesionalidad, por ejemplo, otorgando certidumbre a los propietarios sobre el nivel de ahorros esperable de las inversiones.
Impacto a futuro de la descarbonización
La normativa de obra nueva ya exige eficiencia, así que el problema afecta sobre todo al entorno ya construido. A la hora de legislar al respecto, Oikos mantiene firmes seis principios: apostar por la «descarbonización primero», promover ayudas al menor coste social, poner el foco en usuarios intensivos, elaborar un plan de descarbonización por edificio plurifamiliar, llevar a cabo un reequilibrio de precios gas‑electricidad y fomentar las redes de calor.
Con estas y otras medidas, se estima que «se podrían descarbonizar, a un coste publico moderado, unos cuatro millones de viviendas», cifra que supondría triplicar el objetivo de viviendas descarbonizadas del gobierno para el año 2030. En todo caso, «probablemente el tiempo necesario para que estas medidas desplieguen sus efectos se extendería sensiblemente más allá de esa fecha», puntualizan desde Oikos.
Salud, medio ambiente… y también economía. En términos puramente inversores, las viviendas con calefacción fósil serán menos atractivas para inversores a partir de 2027, con la entrada en vigor del nuevo sistema de precios al carbono (EU ETS-2). Como ya ocurre con la eficiencia energética, de una forma u otra, el baremo descarbonización se convertirá en un eje transversal de las futuras operaciones inmobiliarias. Y el momento de actuar es ahora.
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