El consenso que el Gobierno daba por cerrado en materia de vivienda ha saltado por los aires en apenas unos días. Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido recurrir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una norma aprobada recientemente y destinada a organizar la inversión pública en esta materia durante los próximos años. El movimiento abre un nuevo frente político y judicial entre el Ejecutivo central y buena parte de los gobiernos autonómicos.
El plan, que fue aprobado el pasado 11 de junio, aspira a movilizar alrededor de 7.000 millones de euros para políticas de vivienda, con una aportación del 60% por parte del Estado y el 40% restante a cargo de las comunidades autónomas. Hasta hace poco, el texto se había presentado como un ejemplo de acuerdo entre administraciones, pero esa imagen ha cambiado de forma radical con la decisión de varias regiones de llevarlo a los tribunales.
Las primeras comunidades en activar la vía judicial
Las primeras en anunciar su oposición formal han sido la Comunidad de Madrid y Extremadura. El Gobierno madrileño ha confirmado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, al considerar que el plan invade competencias autonómicas y limita la capacidad de gestión regional. En su argumentación, sostiene que el texto interfiere en ámbitos reservados a las comunidades por el ordenamiento jurídico.
En el caso de Extremadura, el Ejecutivo de María Guardiola ha optado por iniciar dos requerimientos previos, tanto ante el Tribunal Constitucional como en la jurisdicción contencioso-administrativa. Este paso es el procedimiento previo a la presentación de un recurso completo. Andalucía también ha mostrado su rechazo, al entender que el plan detalla de forma excesiva la ejecución de los programas y que eso supone, a su juicio, una intromisión en sus competencias.
Algunos medios apuntan a que hasta seis comunidades autónomas gobernadas por el PP estarían trabajando ya en la preparación de impugnaciones. El plazo para presentar recursos finalizaba este martes, lo que ha acelerado los movimientos en distintos gobiernos regionales. Cantabria se suma también al grupo de comunidades que han mostrado su intención de recurrir la norma.
El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha reaccionado con dureza a esta ofensiva judicial. Desde el departamento defienden que el plan cuenta con el aval del Consejo de Estado. Además, aseguran que no existe invasión competencial alguna.
Un choque político en torno al modelo de vivienda
La tensión política se ha intensificado en paralelo a la batalla jurídica. La portavoz de Vivienda del PP en el Senado, Paloma Martín, ha criticado el plan al considerar que fue elaborado sin contar con las comunidades autónomas. Según su versión, el texto obliga a incrementar de forma significativa la aportación autonómica y establece condiciones demasiado rígidas para la gestión de las viviendas financiadas con fondos públicos. También ha cuestionado la obligación de mantener la protección permanente de las viviendas construidas con financiación estatal. A su juicio, esta medida ya fue objeto de debate jurídico en el pasado y ha sido considerada problemática desde el punto de vista constitucional. Estas críticas reflejan el rechazo del PP a varios de los ejes centrales del plan.
Desde el Ministerio de Vivienda responden que el acuerdo fue aprobado por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda, el órgano que reúne al Gobierno con las comunidades autónomas. Recuerdan además que el objetivo del plan es ampliar el parque de vivienda asequible y evitar la especulación con los recursos públicos destinados a este fin.
El Ejecutivo defiende también que el Estado actúa dentro de sus competencias de planificación y que el texto cuenta con informes favorables, incluido el del Consejo de Estado. En este sentido, acusan al PP de recurrir a la vía judicial para generar confrontación política y dificultar la aplicación de las medidas.
