El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado un plan de gran alcance para los próximos cuatro años con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda en la región. La denominada Agenda de Acción por la Vivienda movilizará 500 millones de euros y contempla la construcción de 2.500 viviendas, además de una batería de medidas de rehabilitación, ayudas al alquiler y apoyo específico a los jóvenes.
El presidente regional, Emiliano García-Page, presentó este miércoles la iniciativa y la enmarcó en un contexto político complejo a nivel nacional. Según señaló, se trata de «aportar aire fresco en un debate que está absolutamente colapsado», aludiendo a la falta de estabilidad política y a la dificultad para alcanzar acuerdos en el Congreso de los Diputados. Defendió además una visión dual del mercado inmobiliario, al afirmar que la vivienda debe ser entendida «como un derecho, pero también como un bien de mercado». En este sentido, criticó los enfoques que, a su juicio, niegan esa dimensión económica del sector y dificultan la aplicación de políticas efectivas.
El presidente castellanomanchego fue más allá en su reflexión y cuestionó algunas posturas ideológicas al considerar que no se puede actuar como si el sistema fuera ajeno al mercado. En ese marco, llegó a afirmar que algunos planteamientos recuerdan a «un régimen soviético», en referencia a la idea de que toda la vivienda debería ser pública y asignada por listas. Pese a la contundencia de sus declaraciones, García-Page insistió en que el problema de la vivienda «tiene arreglo» y apostó por un gran acuerdo de país. En ese sentido, propuso retomar una ley del suelo ya pactada en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que, según dijo, no llegó a aprobarse por «intereses filibusteros de la política».
Un plan estructurado en cuatro grandes pilares
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, detalló la estructura del plan, que se articula en cuatro ejes principales. El primero es el incremento de la oferta mediante la construcción de nuevas viviendas, seguido de la rehabilitación del parque existente, las ayudas para la compra o alquiler destinadas especialmente a jóvenes, y por último, las reformas normativas para facilitar la disponibilidad de suelo.
En el ámbito de la nueva construcción, el plan contará con una inversión de 135 millones de euros que permitirá levantar 2.500 viviendas. La financiación se repartirá entre la Junta de Comunidades, que aportará el 51%, y el Estado, con el 49% restante. Hernando destacó actuaciones concretas ya en marcha, como la puesta a disposición de suelo en el barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, donde se prevé la construcción de 231 viviendas. En total, el Ejecutivo regional estima que será el principal promotor de vivienda en la capital, con 1.150 residencias en los próximos años. También se prevén proyectos en otras provincias. En Azuqueca de Henares (Guadalajara) se licitarán 172 viviendas, mientras que en Ciudad Real podrían habilitarse hasta 120 nuevas viviendas en el centro urbano, una vez se liberen espacios administrativos actualmente en uso.
En paralelo, el plan incluye una fuerte apuesta por la rehabilitación de viviendas. El Gobierno regional destinará 108 millones de euros a este apartado, con el objetivo de intervenir en unas 3.000 viviendas en todo el territorio. La financiación será compartida entre la Junta (54%) y el Estado (46%). A esta cifra se suman nuevas convocatorias de ayudas para la mejora de la eficiencia energética, cofinanciadas con fondos europeos Feder, con una dotación de 21 millones de euros. Estas medidas se integran con otras ya activas que suman casi 30 millones adicionales.
Ayudas al alquiler, avales y reformas para ampliar el suelo
El tercer eje del plan está centrado en facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes. Para ello, se destinarán más de 100 millones de euros en ayudas directas. Además, se ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dotada con cinco millones de euros. Entre las medidas más destacadas figura también un sistema de deducciones fiscales para la compra de vivienda por parte de jóvenes, así como la posibilidad de que la Junta avale hasta el 20% de la hipoteca que normalmente no financian las entidades bancarias. Estas iniciativas buscan reducir la barrera de entrada al mercado inmobiliario.
El cuarto bloque del plan se centra en la reforma del marco normativo y urbanístico. El objetivo es agilizar la disponibilidad de suelo y facilitar nuevas promociones. Para ello, el Gobierno regional prevé modificar varias normas clave como la LOTAU, el reglamento de disciplina urbanística y la instrucción técnica de planeamiento.
Además, se introducirán nuevas figuras de planificación para zonas rurales, como los Planes Especiales de Reclasificación de Suelo Rústico, así como herramientas específicas para la regeneración de barrios degradados o infrautilizados. También se permitirá destinar suelos terciarios a vivienda en determinadas condiciones.
