El PSOE y Sumar han registrado sendas propuestas de resolución en el Parlamento para instar a Casa 47, empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda, a reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios en todos los supuestos de resolución de contrato por causa imputable al contratista. Las propuestas responden a una recomendación incluida en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que analiza la actividad de la entidad, entonces denominada Sepes, en la ejecución de vivienda pública durante los ejercicios 2018 a 2023.
El organismo fiscalizador, presidido por Enriqueta Chicano, identificó varios casos de resolución contractual por causas atribuibles al contratista, entre ellos el proyecto de urbanización del Parque Central de Ingenieros de Valencia y la ejecución de 90 viviendas protegidas en la urbanización de Loma de Colmenar, en Ceuta. En ninguno de ellos consta que Sepes iniciara procedimiento de reclamación de daños.
Parque Central de Ingenieros de Valencia y Loma de Colmenar en Ceuta
En el Parque Central de Ingenieros de Valencia, donde se prevé desarrollar viviendas sociales, Sepes inició el procedimiento de resolución del contrato del proyecto de urbanización, adjudicado por 189.883,20 euros sin IVA, ante la falta de atención del contratista a los requerimientos del Ayuntamiento de Valencia. La empresa pública dejó sin abonar el 60% del importe del contrato y sus servicios técnicos asumieron la finalización del proyecto. Posteriormente se contrató la obra de urbanización, pero también hubo que resolver ese contrato por «incumplimientos diversos del adjudicatario». Las obras fueron finalmente adjudicadas a Grupo Bertolín en octubre de 2024 por cerca de 1,2 millones de euros.
En el caso de Loma de Colmenar, en Ceuta, el contratista adjudicatario de las obras para construir 90 viviendas protegidas solicitó la suspensión del contrato, solicitud que Sepes denegó. El contratista recurrió en vía contencioso-administrativa, pero el tribunal confirmó la denegación. El consejo de administración de Sepes aprobó posteriormente la resolución del contrato por causas imputables al contratista.
El Tribunal de Cuentas recomendó a Sepes que, en todos los supuestos de resolución contractual por causa imputable al contratista, estudie la viabilidad de exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios y, en su caso, inicie el procedimiento oportuno. Las propuestas de resolución registradas por PSOE y Sumar recogen esta recomendación y deberán debatirse y votarse en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Si se aprueban, se incorporarán al informe de fiscalización.
