El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha trasladado al relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Koldo Casla, que el Gobierno trabaja en un real decreto que incluirá nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Entre las actuaciones previstas se encuentra una prórroga de los contratos de alquiler, además de una regulación específica para los alquileres de temporada y los contratos por habitaciones.
Bustinduy y Casla han mantenido este martes una reunión en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para analizar la situación de la vivienda y las líneas de trabajo que se desarrollarán tanto desde Naciones Unidas como desde el Ejecutivo. El encuentro ha servido para poner en común las principales preocupaciones y las iniciativas que se están impulsando en este ámbito.
Casla ocupa desde abril de este año el cargo de relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada. Investigador vasco especializado en Derechos Humanos y profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Essex, ha señalado en distintas ocasiones las dificultades existentes para acceder a una vivienda asequible y la relación entre los problemas habitacionales y la pobreza estructural. Para el relator, la vivienda debe recibir una consideración similar a otros servicios esenciales para la ciudadanía. En este sentido, defiende que debe protegerse como un recurso público y entenderse como un derecho, al igual que ocurre con ámbitos como la salud o la educación.
Más medidas para proteger el alquiler residencial
El futuro real decreto también contempla un incremento del IVA aplicado a los pisos turísticos, una medida con la que el Gobierno pretende reducir el desplazamiento de viviendas desde el mercado residencial hacia el alquiler destinado a turistas. El objetivo señalado por Bustinduy es evitar que este tipo de uso reduzca la oferta disponible para las personas que buscan una vivienda para vivir.
La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones forma parte igualmente de las medidas que prepara el Ejecutivo. Estas modalidades de arrendamiento han adquirido un peso relevante dentro del debate sobre el acceso a la vivienda, aunque la información facilitada por el Ministerio no concreta todavía los detalles de la futura regulación.
Desde el área de Consumo, Bustinduy ha recordado además las actuaciones desarrolladas contra determinadas prácticas relacionadas con el mercado del alquiler y los pisos turísticos. Entre ellas destaca la sanción de 64 millones de euros impuesta a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia de uso turístico o por incurrir en publicidad engañosa. Según los datos aportados por el Ministerio, Airbnb retiró 65.000 anuncios considerados ilegales después de las actuaciones impulsadas por Consumo. A esta cifra se suman otros 4.093 anuncios que Booking ya había retirado a petición del departamento ministerial.
El Ministerio también ha informado de una sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, acordada en abril de este año. Consumo consideró que la empresa había aplicado prácticas abusivas contra sus inquilinos y que había vulnerado los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio en el mercado. Además, el departamento dirigido por Bustinduy abrió un expediente a otra inmobiliaria por hechos similares. Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia del Ministerio para reforzar la protección de los consumidores en las relaciones vinculadas al alquiler y a la compra de vivienda.
Más datos para conocer el mercado de la vivienda
El Ministerio de Consumo y el Instituto de Filosofía del CSIC han firmado también un convenio de colaboración destinado a mejorar el conocimiento sobre el mercado de la vivienda. El acuerdo permitirá compartir herramientas, procedimientos y datos relacionados con la captación, explotación y análisis de información generada por ambas instituciones en sus actividades de investigación. La finalidad es disponer de un conocimiento más preciso sobre el funcionamiento del mercado y, especialmente, sobre las relaciones comerciales que se producen en la intermediación del alquiler y la compraventa de viviendas. El Gobierno considera que esta información puede contribuir a comprender mejor las dinámicas que afectan al acceso a una vivienda.
La agenda del relator de Naciones Unidas no se ha limitado al Ministerio de Derechos Sociales. Casla también se ha reunido con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien le ha trasladado las principales líneas de actuación del Gobierno en materia de vivienda.
