El Ayuntamiento de Barcelona ha ingresado 835.200 euros después de completar los primeros 150 expedientes de un plan de inspección fiscal dirigido a los pisos y apartamentos turísticos de la ciudad. La iniciativa busca comprobar que las empresas encargadas de gestionar estos alojamientos cumplen correctamente con sus obligaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El programa se desarrolla en colaboración con la Agencia Tributaria de Cataluña y tendrá continuidad durante los próximos años. En concreto, la previsión municipal es revisar hasta 2028 la situación fiscal de 463 empresas que gestionan un total de 2.281 viviendas de uso turístico y 280 apartamentos en Barcelona.
Las primeras actuaciones se han centrado en compañías que registran una facturación anual superior al millón de euros. Actualmente permanecen abiertos expedientes a 99 empresas responsables de 1.300 pisos, además de a otras tres gestoras que administran 105 apartamentos. Hasta el momento, el plan ya ha permitido formalizar 457 liquidaciones y elevar en 220.302 euros el padrón anual correspondiente al IAE. La cantidad recaudada con los primeros expedientes supone, por tanto, uno de los principales resultados obtenidos por el Ayuntamiento dentro de esta estrategia de control tributario.
Cruce de datos para detectar irregularidades
La campaña comenzó a finales de 2024 y se planteó en tres etapas. Una de las primeras herramientas utilizadas consiste en comparar los censos tributarios municipales con la información autonómica relacionada con el impuesto sobre las estancias en hoteles, alojamientos y albergues. Este cruce de información permite localizar actividades que no habían sido declaradas correctamente y comprobar si las superficies comunicadas por los gestores se corresponden con la realidad. De esta manera, el Ayuntamiento pretende detectar posibles altas que no se habían realizado y corregir los datos utilizados para calcular los impuestos correspondientes.
Las inspecciones no se limitan al IAE. El proceso también puede servir para actualizar el uso y el valor catastral de los inmuebles a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), así como para reclamar el pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) cuando se hayan realizado reformas que no fueron declaradas o cuyo coste definitivo haya sido superior al inicialmente comunicado. El objetivo es que la revisión de la actividad turística permita comprobar de forma conjunta diferentes obligaciones fiscales vinculadas a estos inmuebles. Así, una misma actuación puede poner de manifiesto cambios o situaciones que tengan consecuencias en distintos tributos municipales.
El plan continuará hasta 2028
La actuación actualmente en marcha no se limita a los expedientes ya completados. El Ayuntamiento tiene previsto continuar con las inspecciones durante los próximos años y reservará una última fase, entre 2027 y 2028, para revisar al resto de titulares y gestores de alojamientos turísticos que no figuren registrados ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en ningún epígrafe relacionado con la actividad de hospedaje.
El teniente de alcaldía de Economía, Hacienda, Vivienda y Turismo, Jordi Valls, ha defendido la necesidad de mantener estos controles para garantizar que los operadores de alojamientos turísticos cumplen con todas sus obligaciones tributarias. Desde el Consistorio también se plantea la fiscalidad como una herramienta para ordenar una actividad que tiene efectos sobre el mercado de la vivienda. La estrategia municipal persigue así un objetivo que va más allá de aumentar la recaudación. Según ha señalado Valls, el control fiscal debe contribuir a reducir el impacto de los pisos turísticos sobre el acceso a la vivienda y favorecer un modelo turístico más sostenible y equilibrado.
El calendario de inspecciones se enmarca, además, en la previsión municipal de avanzar hacia la supresión de las licencias de viviendas turísticas en Barcelona en 2028. Hasta entonces, el Ayuntamiento seguirá utilizando las actuaciones fiscales para conocer mejor cómo se desarrolla esta actividad y comprobar que las empresas que la gestionan cumplen con las obligaciones que les corresponden.
