La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2.000 reclamaciones de pequeños y medianos propietarios pidiendo al Estado compensaciones por el daño patrimonial causado por el tope del 2% a las subidas del alquiler en la renovación de los contratos durante el año pasado.
Esta medida fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2022 como una medida temporal en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque se ha prorrogado en varias ocasiones. La última de estas extensiones se aprobó en diciembre y ampliaba su validez hasta el final de este ejercicio.
Las reclamaciones presentadas por Asval se recogieron entre los pasados meses de noviembre y enero. La asociación, que solo actúa como canalizadora para estos propietarios, espera que la cifra de reclamaciones se incremente en caso de aprobarse la Ley de Vivienda.
«La medida limita al 2% la actualización de los precios del alquiler sin establecer compensaciones para los más de dos millones de pequeños propietarios que hay en España. Por el contrario, el Gobierno sí ha fijado subsidios para sectores de mayor tamaño dominados por grandes compañías, como el de los carburantes», apuntan desde Asval.
«Esta limitación es, además, contraria a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, que permite que los alquileres se actualicen con el IPC. Esta actualización ayuda a los pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar la crisis y completar su salario o pensión. Asimismo, los propietarios deben asumir gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que continúan su escalada de precios», añaden desde la asociación.
Asval calcula que cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada durante el tiempo que estará en vigor la medida. María Andreu, directora general de la asociación, ha dicho que «más del 75% de los propietarios en España son particulares con una o dos viviendas. Con esta reclamación, los pequeños propietarios denunciamos que el Estado carga sobre nosotros el problema de la vivienda en España, que es responsabilidad de la Administración«.
«El tope del 2% a la revalorización del alquiler es la medida más restrictiva de la Unión Europea. En otros países de nuestro entorno, como Francia y Dinamarca, se han establecido porcentajes menos restrictivos. Este límite, además, genera una gran inseguridad jurídica en el mercado y reduce la inversión en vivienda en alquiler. Esto provoca que los propietarios retiren sus inmuebles del mercado», aseguran desde Asval. «Los colectivos más vulnerables, aquellos a los que se dice proteger con estas medidas, son los más perjudicados, ya que una menor oferta dificultará aún más su acceso a una vivienda», ha concluido Andreu.
