España tiene un gran problema con la vivienda. A estas alturas, es algo más que evidente y discutirlo resulta casi absurdo. Lo saben los jóvenes que no pueden emanciparse, las familias que ven cómo el alquiler consume una parte cada vez mayor de sus ingresos y también quienes intentan comprar una vivienda y descubren que el acceso es cada vez más complicado. Lo sabemos todos.
Sin embargo, llevamos años abordando este problema de la peor manera posible: convirtiéndolo en un campo de batalla política. Cambian los gobiernos, cambian las leyes, cambian los titulares. Pero el problema permanece.
Hace apenas unas semanas, el caso de Maricarmen conmocionó a buena parte del país. Después llegaron las protestas, la acampada en la Puerta del Sol, los debates televisivos y los anuncios urgentes de nuevas medidas. Una vez más, la vivienda ocupó portadas y abrió informativos. Y una vez más tuve la sensación de que estamos dando vueltas en bucle mientras ignorábamos el foco del problema. Porque el problema de la vivienda en España no empezó con Maricarmen ni terminará con el próximo decreto. Tampoco desaparecerá después de las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Ningún gobierno va a resolver en unos meses un problema que lleva décadas gestándose. Y quien prometa lo contrario probablemente esté pensando más en las urnas que en las viviendas. La realidad es incómoda, pero sencilla de entender: faltan viviendas allí donde más se necesitan. Y mientras la demanda aumente y la oferta crezca a un ritmo insuficiente, los precios seguirán tensionándose.
Por eso resulta sorprendente que sigamos intentando resolver el problema sin contar con una parte imprescindible de la solución. La vivienda necesita un gran pacto nacional.
Un acuerdo que supere las siglas políticas y que siente en la misma mesa a administraciones públicas, propietarios, promotores, constructores, urbanistas y expertos. Porque se puede discrepar sobre muchas cuestiones, pero hay una evidencia incontestable: si queremos más vivienda, tendremos que construir más vivienda. Y para ello será necesario colaborar con quienes la desarrollan.
Con demasiada frecuencia se ha instalado una narrativa que enfrenta a propietarios e inquilinos, al sector privado y al interés general, como si fueran conceptos incompatibles, pero no lo son. De hecho, cualquier solución duradera exigirá precisamente lo contrario: que todos rememos en la misma dirección.
Eso implica proteger a quienes tienen más dificultades para acceder a una vivienda. Implica perseguir los comportamientos especulativos que distorsionan el mercado. Implica reforzar el papel social de la vivienda. Y también implica ofrecer seguridad jurídica, estabilidad normativa y confianza a quienes invierten recursos para crear nuevas viviendas.
Hay, además, una reflexión que deberíamos afrontar con valentía. Si una vivienda protegida nace para cumplir una función social, ¿por qué deja de hacerlo con el paso de los años? Quizá haya llegado el momento de abrir un debate sereno sobre la necesidad de que la vivienda protegida conserve permanentemente esa condición, garantizando así que el esfuerzo público realizado hoy siga beneficiando a las generaciones futuras.
Y mientras sigamos utilizándola como arma política, seguiremos alejándonos de la única pregunta que realmente importa: ¿queremos seguir discutiendo sobre la vivienda o queremos empezar, de una vez por todas, a resolverla?
