El FC Barcelona ha cerrado una de sus operaciones inmobiliarias más antiguas con la venta de los terrenos de Can Rigalt, en L’Hospitalet de Llobregat, a la promotora Metropolitan House BCN Residencial SL por 30 millones de euros. El acuerdo, alcanzado el 8 de julio de 2026, contempla que el club ya haya recibido 10 millones de euros antes de la formulación de las últimas cuentas, mientras que el resto se integrará en el desarrollo de la operación.
La transacción se contabilizará en el ejercicio 2026-2027 y tendrá un impacto limitado en las cuentas del Barça. El motivo es que el precio pactado prácticamente coincide con el valor que los terrenos tenían en el balance azulgrana, fijado en 29,99 millones de euros después de que una tasación independiente encargada por la junta directiva detectara la necesidad de registrar un deterioro de 1,2 millones.
En términos contables, por tanto, la venta no supone una ganancia significativa para el club. Sin embargo, la operación adquiere otra dimensión si se compara con el dinero que el Barça destinó originalmente a estos terrenos, ya que la adquisición supuso un desembolso de 37,24 millones de euros.
Un proyecto nacido con Núñez que nunca llegó a materializarse
La historia de Can Rigalt se remonta a 1997, durante la presidencia de Josep Lluís Núñez. La intención inicial era trasladar a esta zona las instalaciones de la Ciudad Deportiva del club, aunque el proyecto acabó descartándose y las instalaciones se construyeron finalmente en Sant Joan Despí. A partir de entonces, el Barça mantuvo los terrenos como un activo con la expectativa de que el crecimiento urbanístico de Barcelona hacia el sur permitiera obtener una rentabilidad en el futuro. La zona, situada entre L’Hospitalet de Llobregat y Esplugues de Llobregat, se convirtió así en una de las operaciones inmobiliarias pendientes de la entidad durante años.
El primer gran intento de desprenderse de los terrenos llegó en 2005, ya con Joan Laporta en la presidencia. El club alcanzó entonces un acuerdo con La Llave de Oro por 35,4 millones de euros a cambio del 30% de los metros cuadrados edificables correspondientes a cuatro fincas. El contrato, sin embargo, estaba condicionado al cumplimiento de varios requisitos urbanísticos, entre ellos la obtención de los permisos necesarios para desarrollar viviendas. La operación quedó bloqueada después del estallido de la burbuja inmobiliaria y los trámites de reparcelación y urbanización previstos para la zona nunca llegaron a completarse.
El conflicto terminó en los tribunales arbitrales. El Tribunal Arbitral de Barcelona determinó que no se habían cumplido las condiciones pactadas y obligó al Barça a devolver los 35,4 millones de euros recibidos, además de otros 11,6 millones correspondientes a intereses legales. En 2016, el club tuvo que recomprar los terrenos que había vendido, recuperando de nuevo un activo que desde entonces permaneció en el balance sin generar el rendimiento esperado. Las parcelas, además, quedaron afectadas por las dificultades para desarrollar el planeamiento urbanístico previsto para el sector de Can Rigalt.
Metropolitan House concentra la propiedad y abre nuevas posibilidades
La llegada de Metropolitan House modifica ahora el escenario. La promotora ya había adquirido el año pasado 72.000 metros cuadrados de terrenos de Can Rigalt a Endesa y Sacresa por 19 millones de euros, además de hacerse con otras parcelas próximas pertenecientes a pequeños propietarios.
Con la adquisición de los terrenos del Barça, la empresa pasa a tener una posición mayoritaria en una zona que puede resultar relevante para el futuro desarrollo urbanístico del entorno. Entre los proyectos vinculados al área se encuentra la posible construcción del nuevo Hospital Clínic Barcelona, una iniciativa que contempla una inversión de unos 1.500 millones de euros y una superficie cercana a los 300.000 metros cuadrados. El proyecto también incluye espacios destinados a las facultades de Medicina y Farmacia de la Universidad de Barcelona, además de otros usos complementarios. En este último apartado se contemplan residencias para investigadores, concesiones y espacios para empresas del sector biotecnológico, cuyas rentas contribuirían a financiar parte de la actuación.
