El Gobierno prepara un nuevo sistema de ayudas públicas para impulsar la construcción de vivienda de alquiler asequible sobre terrenos de titularidad estatal. La medida contempla una inversión de 201,7 millones de euros para financiar la construcción de alrededor de 2.425 viviendas repartidas en 29 actuaciones vinculadas al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible que gestiona Casa 47, como recoge El Periódico.
La iniciativa supone que el Estado pondrá a disposición los suelos y aportará también una cantidad económica para que empresas y fondos privados puedan encargarse de levantar, mantener y gestionar los inmuebles. El objetivo es que estas promociones puedan desarrollarse pese a las limitaciones de precio que tendrán los alquileres.
El proyecto de real decreto que regula estas subvenciones ya ha pasado por el periodo de audiencia pública, que terminó el pasado 8 de septiembre, y se encuentra ahora en la fase de análisis de las alegaciones. El contenido definitivo podría experimentar cambios antes de su aprobación final. La cuantía prevista alcanza los 201,7 millones de euros, lo que supone una ayuda media de más de 83.000 euros por vivienda. La subvención será concedida por Casa 47 con fondos que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha transferido a la entidad pública para desarrollar el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible.
Una ayuda para hacer viables las promociones
El Gobierno sostiene que estas aportaciones son necesarias porque los precios máximos que tendrán los alquileres reducen los ingresos que pueden obtener los promotores. Según la documentación del proyecto, en determinadas actuaciones los rendimientos no serían suficientes para recuperar la inversión realizada ni para garantizar una rentabilidad considerada razonable para las empresas encargadas de los proyectos.
Las nuevas subvenciones pretenden cubrir parte de esa diferencia entre el coste de construir y mantener las viviendas y los ingresos que se podrán obtener mediante unos alquileres limitados. De esta manera, el Ejecutivo considera que la ayuda pública permite equilibrar las cuentas de unas promociones que, sin ese respaldo económico, no resultarían viables en condiciones normales de mercado.
La medida responde también a una petición que venía realizando el sector privado, tanto por parte de los promotores como de fondos de inversión interesados en desarrollar carteras de viviendas destinadas al alquiler asequible. El antecedente más reciente son las ayudas de 50.000 euros por vivienda financiadas mediante los fondos europeos Next Generation, que permitieron impulsar diferentes programas autonómicos y municipales.
La nueva convocatoria eleva esa referencia hasta más de 83.000 euros por inmueble, una cantidad que el Ejecutivo considera necesaria para facilitar la ejecución de los proyectos previstos en terrenos públicos. A principios de año, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había anunciado la intención de licitar suelos para unas 2.800 nuevas viviendas, aunque la aplicación de esta iniciativa se ha retrasado. Entre las actuaciones contempladas ahora figuran desarrollos en ciudades como Madrid, Valencia y Sevilla, dentro de un conjunto de 29 promociones. La previsión es que las viviendas se incorporen al mercado en régimen de alquiler asequible una vez finalizadas.
Alquiler limitado durante medio siglo
La aportación económica pública estará vinculada a unas condiciones concretas para los adjudicatarios. Las empresas que reciban las subvenciones deberán destinar las viviendas al alquiler a precios inferiores a los del mercado y asumir durante 50 años las obligaciones de construcción, conservación y gestión de los inmuebles. El límite de las rentas se calculará tomando como referencia los ingresos de los hogares. En concreto, el coste del alquiler, sumado a los suministros, no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada para una unidad de convivencia considerada mediana, teniendo en cuenta el tamaño de la vivienda.
Para establecer esa referencia se utilizarán los últimos datos disponibles sobre la renta de los hogares publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El sistema busca así vincular el precio de los alquileres a la capacidad económica de los hogares y no únicamente a los precios existentes en cada mercado residencial.
La concesión tendrá una duración de 50 años y, una vez terminado ese periodo, las viviendas deberán retornar al Estado. Durante ese tiempo, los adjudicatarios privados tendrán que mantener el destino de los inmuebles y cumplir las condiciones establecidas para el alquiler.
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