La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la regularización de personas migrantes que residen en España como una medida con impacto directo tanto en el mercado laboral de la construcción como en el acceso a una vivienda digna. Según ha señalado, se trata de una iniciativa «muy esperada» por un sector que necesita reforzar su capacidad productiva.
Rodríguez ha explicado que la construcción es uno de los ámbitos donde la presencia de trabajadores migrantes es especialmente relevante, ya que representan alrededor del «20% de los trabajadores» del sector. En este contexto, ha subrayado que la actividad requiere más mano de obra para poder responder a la demanda actual de vivienda. La ministra ha indicado además que tanto organizaciones sindicales como empresariales venían reclamando esta regularización. El objetivo, según ha apuntado, es poder realizar contrataciones «con todas las garantías y derechos», reforzando así la estabilidad laboral del sector.
Vivienda digna y protección de los derechos
Más allá del impacto económico, Rodríguez ha puesto el acento en la dimensión social de la medida. Ha señalado que las personas migrantes se encuentran en muchas ocasiones en situaciones de especial vulnerabilidad y expuestas a «abusos del mercado», lo que hace necesaria una mayor protección institucional.
En este sentido, la titular de Vivienda ha defendido que la regularización facilita el acceso a una vivienda digna, entendida como un espacio donde las personas puedan «desarrollar sus proyectos vitales». Esta visión vincula directamente la política migratoria con el derecho a la vivienda. Ha recalcado que el acceso a una vivienda no debe entenderse únicamente como una cuestión económica, sino también como un elemento esencial de integración social. Por ello, ha defendido la importancia de reforzar los mecanismos que garanticen este derecho.
