El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha presentado una propuesta que busca afrontar la creciente crisis de vivienda en España mediante la compra masiva de inmuebles existentes. La idea contempla destinar 2.000 millones de euros a la adquisición de propiedades, incluyendo las que actualmente están en manos de particulares. En una entrevista a Europa Press, Ibáñez indica que la construcción de nueva vivienda pública es «profundamente pesada y tardía», por lo que el Estado debería centrarse en adquirir lo que ya existe.
Calificó la situación como un momento «histórico» por la subida constante de precios tanto en alquiler como en compra. Entre las causas que señala se encuentran la acción de grandes fondos de inversión y la proliferación de apartamentos turísticos que reemplazan viviendas habituales. Ibáñez subraya que «una de cada tres personas que vive de alquiler ha tenido que cambiar de barrio forzosamente en el último año», una situación que considera «gravísima» por su impacto social y sanitario.
Compra masiva frente a construcción de nueva vivienda
El diputado de Compromís critica la estrategia socialista basada en aumentar la oferta de vivienda pública, argumentando que España ya supera la media europea de viviendas por habitante. «No hace falta construcción de vivienda pública, lo que hay que hacer es una compra masiva de vivienda pública«, afirma. Según Ibáñez, las iniciativas de construcción de los años 80 y 90 generaron guetos al concentrar las viviendas en barrios periféricos, y considera que la compra inmediata de inmuebles podría ofrecer soluciones más rápidas.
Ibáñez propone que el Estado actúe cuando fondos de inversión quieran vender sus carteras de activos, evitando que estas propiedades cambien de manos sin intervención pública. Además, destaca que si hay presupuesto “para la guerra”, también debería haberlo para adquirir vivienda que pueda ser útil “mañana mismo”.
En cuanto a la Ley de Vivienda, el diputado descarta recurrir al artículo 155 de la Constitución para obligar a las comunidades autónomas a cumplirla. Prefiere que las izquierdas presionen en los ámbitos autonómicos y que el Gobierno ejerza mejor sus competencias estatales, por ejemplo limitando la compra de inmuebles por fondos de inversión o haciendo que los contratos de alquiler sean indefinidos.
Ibáñez también hace un llamado a los inquilinos cuyos contratos vencen en 2026 y 2027 a solicitar la prórroga automática, actualmente vigente por decreto ley, frente a los intentos de PP, Vox y Junts de tumbarla en el Congreso. Critica la postura de PSOE, que se estaría «poniendo de perfil», y señala que la ministra Isabel Rodríguez debe asumir que garantizar la vivienda es «la principal tarea que tiene su Ministerio».
