El último real decreto-ley aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo permite a los inquilinos solicitar una prórroga extraordinaria de sus contratos de alquiler de hasta dos años adicionales. Esta medida está sujeta a la convalidación del Congreso en un plazo máximo de 30 días y podría no prosperar, lo que ha generado un aumento de solicitudes por parte de los arrendatarios. Desde el Ejecutivo se insiste en que la clave es pedir la prórroga cuanto antes.
Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y vocal de Pimec en el Consell Assessor de l’Habitatge de la Generalitat, aclara que «la clave no está en cuándo vence el contrato, sino en cuándo se solicita la prórroga». La experta añade que el decreto permite pedir esta extensión a todos los contratos vigentes cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027. Esto significa que incluso un contrato que termine dentro de un tiempo puede acogerse a la prórroga siempre que se solicite durante la vigencia del decreto.
La forma de comunicar la solicitud al propietario es fundamental. Según Blanco, «es fundamental que quede constancia de la solicitud», recomendando medios fehacientes como burofax, correo electrónico con acuse de recibo o cualquier sistema que permita acreditar la recepción. Además, la solicitud debe identificar claramente el contrato, la vivienda y la voluntad expresa de acogerse a la prórroga extraordinaria, ya que «la fecha en la que se realiza esta comunicación es determinante desde el punto de vista legal».
Derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos
El decreto establece que, en general, los propietarios están obligados a aceptar la prórroga si el inquilino cumple con los requisitos legales. Blanco explica que «solo existen excepciones muy concretas, como la necesidad de la vivienda para uso propio o familiar, o que ambas partes acuerden nuevas condiciones». Esta obligatoriedad ha generado inquietud entre los arrendadores, quienes buscan información sobre cómo actuar frente a la aplicación automática de la medida.
Uno de los aspectos más consultados es qué sucede si el Congreso no convalida el decreto. La experta señala que «si la prórroga se solicita mientras la norma está vigente, despliega efectos jurídicos propios. Aunque el decreto decaiga posteriormente, estos efectos no se anulan automáticamente, lo que podría permitir al inquilino permanecer en la vivienda durante el periodo concedido, al menos durante el primer año, salvo que una nueva norma disponga lo contrario».
En este sentido, los especialistas recomiendan no esperar a la decisión del Congreso para presentar la solicitud, ya que garantizar la prórroga durante la vigencia del decreto es la manera más segura de asegurar derechos tanto para inquilinos como para propietarios. La claridad en la comunicación y la formalidad en los procedimientos se presentan como los elementos esenciales para que la extensión tenga plena validez legal.
