El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido que si los partidos de derecha votan en contra del decreto ley de vivienda en el Congreso, miles de personas podrían quedarse en la calle. La normativa, promovida ante la situación generada por la guerra en Irán, incluye la prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler que finalicen entre 2026 y 2027. Bustinduy se mostró convencido de que la «fuerza» de los inquilinos garantizará que la medida se convalide.
El ministro explicó que su departamento envió una carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España. En ella, se les recuerda que deberán prorrogar obligatoriamente los contratos que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 si así lo solicitan los inquilinos. Según Bustinduy, el objetivo es aclarar y detallar las condiciones del decreto vigente, que también limita al 2% la actualización anual de las rentas hasta esa fecha.
Una medida de sentido común frente a la presión inmobiliaria
El titular de Consumo subrayó que el decreto no obliga a dejar de pagar el alquiler, sino que impide que las familias se enfrenten a subidas imposibles de asumir. «Estamos hablando de familias que tienen a sus hijos que van al colegio del barrio. Estamos hablando de parejas que no se pueden separar porque no pueden abordar el pago de un alquiler a los precios que tienen ahora mismo en el mercado», señaló. Además, alertó que muchos jóvenes podrían verse obligados a regresar a casa de sus padres si los aumentos superan el 50%.
Bustinduy defendió la prórroga como una medida de «sentido común» y negó que sea un tema político. «No es un asunto de izquierdas ni de derechas, porque las personas que se beneficiarán pertenecen a todos los signos políticos», aseguró. Criticó a quienes buscan desestabilizar la medida y afirmó que votar en contra sería priorizar los intereses de grandes operadores inmobiliarios a costa de las familias españolas: «Si la derecha vota no a este decreto ley, lo que está defendiendo es el derecho de estos grandes operadores del mercado a forrarse de manera desproporcionada».
Negociación y movilización de los inquilinos
El ministro también tendió la «mano» a la negociación con todos los grupos parlamentarios, incluyendo Junts, y recordó que aún hay semanas para lograr la convalidación de la norma. «Y si las derechas en este país piensan que pueden tumbar este decreto ley y que no pagarán un altísimo precio por ello, se equivocan», indicó. Bustinduy confió en que la movilización de inquilinos será decisiva para que la votación en el Congreso resulte favorable.
El decreto ley de vivienda, que establece prórrogas obligatorias y límites a las subidas de renta, busca proteger a las familias frente a un mercado inmobiliario que ha registrado incrementos de hasta el 60%. Para el ministro, la medida asegura que los inquilinos puedan mantener sus hogares y pagar sus alquileres de manera estable, evitando un aumento masivo de desahucios en los próximos años.
